Toluca, México.- Los focos ahorradores contienen entre 5 y 20 miligramos de mercurio, cuyo vapor, al ser liberado cuando se rompen en una habitación o en el traslado a los basureros, representa una amenaza a la salud del ser humano y contaminan el ambiente.

Aunque una pieza no contiene mucho de este metal, basta que se quiebre uno para contaminar un cuarto de pequeñas dimensiones; en ese caso es necesario desalojar la habitación durante cuatro horas.

Los efectos en la salud dependen en la cantidad de vapor inhalado y el tiempo de exposición, y van desde molestias para respirar hasta alteración a la visión.

Toda cantidad de mercurio que se vierta en interiores puede resultar peligrosa, siendo los niños y mujeres embarazadas quienes resultan más afectados

"No se trata de dejar de usar los focos, sino de hacer conscientes del riesgo a las personas y de normal cómo se desechan”.

Si bien resultan útiles en el ahorro de energía, hay factores que no están regulados ni difundidos. Por un lado el riesgo a la salud por el mercurio contenido en ellas, y por el otro el correcto desecho de las mismas.

La norma que regula las especificaciones de las lámparas fluorescentes en el mercado mexicano e indica que las etiquetas de los focos que compramos en el supermercado sólo deben decir que el producto contiene mercurio. “La norma no establece que la etiqueta indique la cantidad de mercurio en los focos”, dijo la directora de Certificación y Verificación de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Norma Morales.

La norma tampoco exige un instructivo sobre cómo manejar o desechar los focos.

Si se toma en cuenta que en promedio los focos se usan ocho horas diarias, la vida útil es de tres años. Philips México, empresa encargada de llevar a cabo el Programa Luz Sustentable y que sí tiene un plan de manejo de residuos peligrosos, pero que no está integrado a ninguna norma, calcula que 0.02% de los focos ahorradores repartidos se romperían en el proceso, representando al menos 916 mil focos que ya han sido desechados sin tener rastro de ellos y sin un plan que comprometa al Estado a garantizar la seguridad de las familias que los tiran a la basura, de las personas que la recogen y trasladan a los tiraderos y del medio ambiente.