A partir del mes de agosto, la situación económica en México mostró una recuperación modesta y frágil, mientras que el anuncio del plan de infraestructura por parte del Gobierno de México, de cumplirse, ayudaría a que los logros alcanzados en los dos últimos meses no se reviertan, indicaron los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, Reyna Vergara González y Pablo Mejía Reyes.
Los también integrantes del Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEM precisaron que dicho plan de infraestructura, equivalente a casi 300 mil millones de pesos, es una buena señal que, de cumplirse, podría empezar a sacar la inversión y, por ende, a la economía mexicana de la tendencia recesiva en la que se encuentra desde 2018 y se agudizó durante 2020.
Vergara González explicó que los datos mensuales desestacionalizados del indicador de la inversión fija total correspondiente al mes de julio de este año, reportados por el INEGI muestran una recuperación mucho más modesta de 4.4 por ciento que la observada un mes antes, en junio, con 20.1 por ciento.
“Los valores más bajos del indicador corresponden a los meses de abril y mayo de este año, debido al cierre de las actividades no esenciales con el fin de mantener la sana distancia. El rubro más afectado en abril fue la construcción residencial, con una caída de 43.6 por ciento anual, mientras que maquinaria y equipo de origen nacional es el componente que parece recuperarse más rápido, al pasar de una tasa anual de -54.3 a -23.3 por ciento en julio”.
En su oportunidad, Mejía Reyes detalló que la cifra de trabajadores registrados en el IMSS mostró una leve recuperación entre julio y agosto, mostrando que el nivel más alto de estos indicadores de empleo se alcanzó en febrero pasado, justo antes de que iniciara el confinamiento sanitario.
En tanto, a partir de marzo el empleo empezó a caer, especialmente en el grupo de trabajadores eventuales, así que entre febrero y julio, meses en los que se tuvieron los niveles más bajos, se perdieron un millón 24 mil 528 empleos totales, de los cuales 764 mil 236 era permanentes.
Refirió que desde sus niveles más bajos, el empleo formal aumentó entre julio y agosto, creciendo en 28 mil 560 puestos de trabajo, es decir, 0.1 por ciento y el permanente en tres mil 980, es decir, 0.02 por ciento, mientras que de mayo a agosto se han creado 65 mil 899 plazas eventuales, lo que equivale al 2.5 por ciento.
Estas cifras, afirmó, revelan una magra recuperación del empleo, especialmente del permanente, que representa la mayor proporción total (alrededor de 86 por ciento) y una mayor respuesta del empleo eventual al choque que significa la pandemia y las medidas de relajamiento sanitario.
En cualquier caso, aseveró, los niveles se encuentran muy por debajo de los que se tenían antes de la pandemia, por lo que se requiere reactivar la actividad productiva para recuperarlos, manteniendo las medidas sanitarias de manera estricta, ya que, en todo caso, la frágil recuperación podría revertirse.
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Como parte de las conferencias en línea del Programa de Formación Integral para el Alumno de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, la representante de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), Imelda Chávez González, dictó la conferencia “NOM 013 para la prevención y control de enfermedades bucales”, a través de la cual presentó un panorama sobre la situación jurídica a la que se pueden enfrentar los profesionales de la odontología.
La experta indicó que la NOM-013-SSA2-2015, lineamiento de observancia obligatoria para todo el personal de salud a nivel nacional, que se aplica a establecimientos para la atención médica, consultorios de los sectores público, privado e instituciones formadoras de recursos humanos y gremiales en estomatología, debe ser conocido a profundidad por los estudiantes y profesionales del área de la salud.
Detalló que esta norma es una guía de cómo debe actuar y proceder una profesional de la salud para no caer en una irresponsabilidad civil o penal que puede tener consecuencias como el apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos, privación de la libertad e inhabilitación, dependiendo de si es en el sector privado o público donde se inicie una denuncia por parte del paciente que presuma negligencia, impericia, imprudencia o mala práctica.
Chávez González lamentó que pese a la existencia de la norma, su difusión y a que el personal del sector salud ocupa el primer lugar ante la CCAMEM en quejas, en 90 por ciento de los procedimientos jurídicos que se inician hay una carencia del expediente clínico, documento básico para la atención de un paciente y su seguimiento, por lo que no se puede sustentar sí el profesional de la salud, en este caso el odontólogo, tuvo un actuar adecuado.
“El expediente clínico debe estar bajo custodia del estomatólogo o del establecimiento para la atención médica y el consultorio, conservándolo por un periodo mínimo de cinco años desde el primer día de la consulta”.
Refirió que, según la norma, el estomatólogo es el único responsable autorizado para realizar el diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, rehabilitación y control de enfermedades bucales, así como de la terapéutica farmacológica.
Imelda Chávez González invitó a los estudiantes a involucrarse en los temas jurídicos relativos a su profesión, con la finalidad de evitar sanciones que pueden llegar a la inhabilitación.
Con información de la Universidad Autónoma del Estado de México.