Antes de pensar en la capacidad de las empresas para aplicar un 20% de incremento al salario mínimo a las percepciones de los y las trabajadoras en el 2023, se deberá tomar en consideración que un 60% de las micro empresas que lo otorgan registran informalidad laboral.
Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), indicó lo anterior y pidió tomar en consideración que dicho sector es el que paga los salarios mínimos en el país.
“La propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es respecto al salario mínimo, que sí puede llegar afectar a los micro empresarios, aunque es en este sector donde mayor informalidad laboral se presenta”, aseveró.
Cabe mencionar que el presidente informó que en unos días se anunciará el aumento al salario mínimo para el próximo año del 20%, como resultado de un acuerdo entre el sector obrero, empresarial y gobierno, con el propósito de llegar al 100% al término de su gestión en 2024.
“En una buena proporción de unidades económicas pequeñas, medianas y grandes sus salarios son por arriba del salario mínimo –a diferencia de las micro empresas, entonces no tendrán afectación directa por este incremento, porque sólo deben realizar un ajuste correspondiente a la inflación”, aclaró.
Por lo anterior, aseguró que son las micro empresas las que podrían llegar a registrar algún grado de complicación para realizar el ajuste del salario mínimo, aunque no se podría generalizar.
“Algunos sectores económicos van mejor que otros en la parte de la recuperación económica a raíz de dos años de pandemia del Covid-19, pero en general todavía no estamos a niveles óptimos”, externó.
La empresaria sostuvo que la informalidad en las micro empresas, afecta significativamente la recaudación; y, por consiguiente, los ingresos tributarios del gobierno, convirtiéndose en la principal barrera para lograr la ampliación de la base tributaria en el país.
Para diversos especialistas, las causas de la informalidad son diversas entre ellas: el régimen normativo (elevados costos tributarios y laborales); los costosos procesos de inscripción al SAT; la débil capacidad de supervisión por parte del estado, así como la falta de concientización y capacitación que prevalece en este sector.