Toluca, México.- La Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR), delegación Estado de México, la cual representa a cerca de 60 mil unidades económicas, hizo un llamado a los representantes populares para que antes de aprobar las leyes puedan compartirlas con el sector productivo, ya que actualmente existen normatividades que sólo “abren la puerta a la corrupción”, como el hecho de exigir que cada establecimiento del giro cuente con un Alcoholímetro por cada 30 personas, cuando cada uno tiene un costo de 60 mil pesos más IVA.
Cabe recordar que fue en la pasada Legislatura local cuando se creó dicha ley, y por ejemplo, por cada local en donde se encuentren 300 personas requieren de contar con 10 aparatos de este tipo; “y aunque no se ha venido aplicando de esta forma, la norma todavía existe”, y actualmente más del 80% de los empresarios no podrían cumplir con ella.
De acuerdo al representante del organismo, Patricio González Suárez, es preocupante que este tipo de legislación se encuentre vigente, y a la espera de que alguna autoridad la quiera aplicar, por lo que representa una “posibilidad abierta a la corrupción”, ya que nadie puede cumplir con una ley que resulta “ilógica”.
No son autoridad para sancionar
En este mismo sentido, los empresarios del ramo, pidieron tomar en consideración que en caso de que alguno de sus clientes no pasen la prueba del Alcoholímetro, no tienen la atribución para sancionar, exigirle que no maneje o impedirle algún otro tipo de acción que atente contra su integridad física.
Sin duda, consideró González Suárez, se trata de una “ley meramente recaudatoria”, y por ende se manifestó totalmente en contra, por lo que demandó a los diputados locales su derogación.
“Deben existir otros mecanismos para que la gente tome consciencia de que no debe excederse en el consumo de alcohol, y no tener aparatos que son sumamente costosos. Pero queremos dejar en claro que estamos a favor del operativo de Alcoholímetro que se realiza en las calles”, externó.
Una utopía 65 decibeles
Actualmente, existe una ley que obliga a los empresarios a no exceder de 65 decibeles en sus establecimientos, sin embargo, un bar se ubica por arriba de este indicador, motivo por el cual, personal de la Secretaría del Medio Ambiente puede utilizar la norma como un “método de corrupción”.