A pesar de su ubicación estratégica, el Estado de México se mantiene rezagado en materia de competitividad -lugar 22-, lo cual se debe a la implementación de políticas económicas equivocadas, indicó el ex subdirector del Fideicomiso de Parques Industriales (Fidepar) de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Espinoza García, quien señaló que con dicho rubro se ha fomentado la corrupción y el incremento de la burocracia.
El especialista en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales enfatizó que un factor adverso para la inversión en la entidad se encuentra relacionado con la excesiva tramitología, la cual ha venido autorizando la Legislatura local en los últimos años, como el Dictamen Único de Factibilidad (DUF).
“A pesar que nuestro estado posee mucho auge industrial, comercial y de servicios, la realidad es que las encuestas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) no le han favorecido y lo colocan en los últimos lugares desde hace tiempo”, externó.
Pidió tomar en consideración que en la evaluación de la competitividad intervienen diferentes factores, como: los niveles del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, la inversión, el empleo, la seguridad, la transparencia y la corrupción, entre otros.
“Un estado competitivo es aquel que constantemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. No nos cae de extraño que se siga clasificando a la entidad mexiquense en el sitio número 22 de 32 estados, muy a pesar de su magnífica ubicación geográfica, de su gran infraestructura vial y mano de obra calificada”, apuntó.
Por lo anterior, consideró que las políticas económicas dictadas en otros sexenios no han sido las idóneas, porque se ha incrementado la tramitología y la corrupción para obtener cierto tipo de permisos.
Recordó que este panorama comenzó cuando la Legislatura local autorizó la Ley de Fomento Económico y el famoso Dictamen de Impacto Regional (DIR), al igual que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), en el cual se exigían a todo tipo de empresas, pequeñas, medianas o grandes, una gran serie de requisitos, los cuales iban desde los aspectos viales, ecológicos y de Protección Civil, así como los inherentes a las Secretarías del Medio Ambiente, Sedeco, Comunicaciones y Movilidad.
“Ha sido tanto el descontrol de nuestras autoridades que diferentes áreas han estado involucradas en la parte de tramitología: La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Urbano y la Comisión Estatal de Factibilidad”, sostuvo.
Subrayó que estos trámites lo único que han hecho es “espantar a las nuevas inversiones”, y aunque desde el año 1981 se creó el Fidepar, la realidad es que éste no opera para lo que fue creado, porque a pesar de que ha sufrido diversas modificaciones operativas, ninguna ha sido adecuadamente aplicada.
