Toluca, México.- El Estado de México, al igual que Puebla, Michoacán y Tlaxcala, son las regiones del país que concentran el 75% de los delitos al transporte de carga. Asimismo, los atracos se dispararon de 5 mil 435 delitos en 2015, hasta 10 mil 230 robos en 2017, lo cual representó un crecimiento del 88 % en un periodo de dos años.
Lo anterior, se desprende del documento técnico-político: “Agenda estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga”, el cual fue elaborado por la CANACAR y Consultores Internacionales, S.C., en donde se destacó que dicha actividad es vital para cualquier economía por su elevada contribución a la generación de valor agregado, considerando su interrelación con el resto de las actividades productivas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el autotransporte de carga contribuye con el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cifra superior a la que registran otras actividades, como la industria automotriz.
Asimismo, dicho estudio refirió que el sector genera seis millones de empleos directos e indirectos, y el uso del autotransporte de carga para la movilización de mercancías entre México y Estados Unidos se ha mantenido en un nivel estable de 82% promedio del total de mercancías transportadas entre 2007 – 2017.
Cabe mencionar que la relevancia del sector de autotransporte de carga tiene también un impacto significativo en el flujo comercial de México; por ejemplo, el intercambio comercial ascendió en 2017 a 458,720 millones de dólares, lo que representó el 55.27% del comercio total del país.
“Nuestra contribución a la economía nacional va más allá de la generación de empleos y valor agregado, ya que facilitamos el traslado de mercancías que se producen en otros sectores de la economía y permite su acceso a los mercados”, subrayó la Canacar.
Ante dicha situación, los empresarios de este sector, pidieron tomar en consideración el papel que juegan en la economía, por lo que es necesario tomar las acciones correspondientes, en materia de seguridad, fundamentalmente ante la situación que se ha venido agudizando en los últimos años y, que ha dañado la prestación del servicio no sólo para los propios empresarios, sino para la economía en su conjunto.
