En el Estado de México se sancionará a las personas que generen alza de precios injustificadamente y el delito se agravará para quienes se ostenten o identifiquen como asociación o grupo delictivo, con una pena que irá de los siete a los 15 años de prisión –de mil 300 a 2 mil días de multa- y si son servidores públicos la sanción se agravará de ocho a 20 años de cárcel –de mil 500 a 2 mil 500 días de multa-.
Durante una sesión ordinaria del Pleno de la 61 Legislatura mexiquense, se informó que dicha iniciativa fue presentada por el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, y para ello se adicionó al Código Penal estatal los artículos 199 Bis y Ter.
Con lo anterior, se generó un nuevo tipo penal para la protección de las personas y empresas en el desarrollo de las actividades económicas, actualizando el Código Penal de la entidad y favoreciendo disposiciones acordes con la nueva realidad de la sociedad mexiquense, previniendo y sancionando conductas delictivas recientes que atenten directamente en contra de la economía de la población.
Derivado de lo anterior, la persona que obligue mediante la violencia a una unidad económica o persona a obtener determinados bienes, insumos o mercancía para su giro comercial o bien, a establecer un precio por encima del mercado para la venta de insumos, se le impondrá de seis a 10 años de prisión, y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización.
Asimismo, si en la comisión de dicho delito participan dos o más personas se les impondrá de tres a cinco años de prisión y de 500 a 800 días de multa.
Los legisladores locales pidieron tomar en consideración que la realidad social actual es cambiante, motivo por el cual las leyes se deberán ajustar.
Finalmente, se informó que mediante esta iniciativa fueron atendidas la mayoría de las preocupaciones de los grupos técnicos de trabajo que participaron: Los legisladores locales, la FGJEM y el Poder Judicial, entre ellos eliminar los conceptos de competencia desleal y distorsión del mercado, así como establecer de manera clara al sujeto activo del delito.