Debido a que la entidad mexiquense se ubica en el lugar 29 en el Índice de Estado de Derecho en México (2022-2023), la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), Laura González Hernández, consideró que en el nuevo gobierno estatal serán claves las reformas estructurales para que los mexiquenses accedan a un mejor nivel de vida.
La representante empresarial advirtió que ante los bajos niveles que registró la entidad en dicho indicador, en donde destaca por el factor de corrupción, se requiere fortalecer la comunicación con el Poder Legislativo para garantizar el cambio de políticas públicas que implique una reforma estructural.
“La Legislatura local requerirá de un trabajo decidido para alinear los objetivos del nuevo gobierno a políticas públicas de trascendencia, que a su vez aseguren mejoras en el Estado de Derecho de nuestra entidad”, señaló.
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Comentó que, tras las reuniones con los legisladores locales, Valentín González y Román Cortés, miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Recuperación Económica, para plantear la agenda económica del CCEM, se percibe que las diversas fuerzas políticas han comprendido la urgencia de mejorar los indicadores económicos y entender la problemática que viven los empresarios y la ciudadanía.
“De esto depende la estabilidad de la entidad, estos temas no se pueden postergar dado el impacto social que representa el empleo y el ingreso de las familias”, apuntó González Hernández.
Cabe mencionar que la agenda económica del CCEM contempla reformas al Tribunal de Justicia Administrativa del estado, la simplificación administrativa y mejora regulatoria, destinar presupuestos para la rehabilitación de vialidades, inclusión de empresas locales en compras y licitaciones estatales, la reingeniería de las Secretarías del Campo y Desarrollo Económico, y la revisión de impuestos estatales, entre otros temas.
Calificaciones del World Justice Project
De acuerdo con el citado Índice de Estado de Derecho, elaborado por World Justice Project, la entidad mexiquense se encuentra en el lugar 29 en la medición de 2022-2023, lo cual representa una puntuación de 0.36 en una escala de 0 a 1, por lo cual equivale a estar reprobado.
Explicó que este Índice mide desde una perspectiva ciudadana las distintas características que generan un Estado de Derecho, como son los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Asimismo, la metodología utilizada por World Justice Project se considera la más completa a nivel mundial en este rubro. Por ende, la última revisión confirmó que la entidad sigue en los últimos lugares respecto a las características que confirman la existencia de un Estado de Derecho.
En tanto que en la medición del 2018 la entidad se ubicó en el sitio 30 de 32 estados del país, mientras en los Índices de 2019-2020 y 2020-2021 quedó en el lugar 27. En la revisión de 2021-2022 ocupó el lugar 29.
Finalmente, en el índice de 2022-2023 volvió a quedar en la posición 29, sin embargo, respecto al puntaje de 0.36 está empatado con los estados que quedaron en los últimos lugares, los cuales son: Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero y Morelos.
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