La iniciativa privada, dio un no rotundo a la implementación de cuatro nuevos impuestos en el Estado de México, porque tendrían un impacto directo en más de 500 mil contribuyentes, registrados bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial, entre micro empresarios, pequeños establecimientos y unidades económicas de tamaño medio de todos los sectores, además de los profesionistas.
Durante una reunión con legisladores locales, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), Laura González Hernández, agradeció la apertura que han mostrado para analizar de manera conjunta la propuesta del paquete fiscal del 2022, y concretamente lo relativo a la Ley de Ingresos.
Sin embargo, advirtió que los nuevos gravámenes propuestos por el Ejecutivo estatal para el 2022, como: Actividades Empresariales, Prestación de Servicios Profesionales, a Casas de Empeño y Emisión de Gases Contaminantes, en caso de ser aprobados ocasionarán un fuerte impacto al sector que representa.
“La afectación por los nuevos impuestos propuestos, principalmente los denominados cedulares que ya existen en otras entidades, provocarían un impacto en más de 500 mil contribuyentes registrados bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial”, subrayó.
Ante ello, pidió al Congreso local incrementar la base de contribuyentes, así como utilizar de manera eficiente los gravámenes que ya se cobran –Impuesto sobre Nómina y Hospedaje-, porque de lo contrario habrá un mayor desanimo por parte del sector empresarial.
“Se podría provocar un desanimo para mantener a los contribuyentes en la formalidad, porque de por sí el indicador de informalidad es alto en la entidad, como en el resto del país”, externó.
La representante empresarial dijo que a raíz de que se presentó la propuesta de paquete fiscal, los 80 organismos que integran al CCEM se dieron a la tarea de analizar a detalle lo que se propone, mediante la integración de una comisión especial en la que participan especialistas certificados.
Derivado de dichos trabajos, dio a conocer las propuestas que ya presentaron a la Secretaría de Finanzas, como el hecho de que resulta inviable la implementación de nuevos impuestos a nivel local.
“Nunca resultará oportuno para nosotros la implementación de nuevos impuestos en la entidad; aunque no estamos en contra de pagarlos, siempre y cuando se traduzcan en mejores servicios, así como en mejorar la calidad de vida de los mexiquenses”, apuntó.
Ante ello, exhortó a los legisladores tomar con toda seriedad y preocupación que la economía mexiquense todavía se encuentra lejos de recuperarse, porque se registran tres años consecutivos de caída en el crecimiento económico.
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“La economía mexiquense no está cerca de recuperarse, porque tenemos tres años continuos de caída en el crecimiento económico. Esto implica que hay empresas que han cerrado y, otras que lo han hecho, pero han vuelto a abrir”, manifestó.
De igual forma, destacó que prevalece un sector de unidades económicas que se encuentran en esta última parte del año intentando subsistir, y de que lo hagan dependen millones de personas.
González Hernández mencionó el impacto que ya existe en la inversión privada nacional y extranjera, como lo han venido indicando los propios indicadores públicos.
En lo relativo al empleo recuperado a raíz de la pandemia, solicitó al Poder Legislativo ser consciente, ya que la mayoría de éste en la entidad no es formal.
“Estamos inmersos en una economía en la que el empleo no es formal, sino informal. Por esto, nuestro estado de acuerdo con indicadores públicos se ubica como una de las regiones del país con mayor tasa de desempleo”, apuntó.
Por lo anterior, externó que existe una fuerte preocupación en el sector que representa por los nuevos gravámenes, sobre todo con los denominados cedulares, los cuales ya operan en algunas entidades del país.
Finalmente, los legisladores locales se comprometieron a continuar con estos trabajos en una siguiente reunión, con el propósito de que se encuentren un mayor número de integrantes de los Grupos Parlamentarios, así como de la Comisión Unida de Presupuesto y Gasto Público, y de esta manera los empresarios puedan ser escuchados por todo el Poder Legislativo.
