Tras la renuncia del fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, el sector empresarial exigió se nombre a la brevedad al nuevo titular, con el propósito de evitar descontrol, inestabilidad y caos en temas prioritarios como la seguridad.
Durante una conferencia de prensa virtual y presencial, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), Laura González Hernández, lamentó la falta de claridad e institucionalidad, debido a que esta noticia corrió como rumor días atrás.
“Nos llama poderosamente la atención que haya existido una falta de claridad y hasta cierto modo de institucionalidad, porque esta noticia corrió como rumor desde días atrás, sin que se aclarara o se diera a conocer de manera oficial”, apuntó.
Ante la presencia de Héctor Tejada Shaar, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), la representante empresarial señaló que, independientemente de las causas de la renuncia del titular, es muy importante que se nombre en el menor tiempo posible, dentro del marco de la ley, a un nuevo fiscal, pues la incertidumbre puede acarrear descontrol.
“Es una realidad que más allá de quién sea nombrado, la Fiscalía General requiere una reingeniería acorde a las necesidades actuales y un importante apoyo. Existe un problema estructural latente y la Legislatura local no solo debe estar concentrada en aprobar un nombramiento, sino en coadyuvar para fortalecer a la institución”, consideró.
Para dicho procedimiento, dijo, será importante dotar de lo necesario a la FGJEM, para que pueda operar con recursos, tanto humanos como financieros y tecnológicos, que permitan una procuración de justicia expedita para recobrar la confianza ciudadana.
También mostró su preocupación porque la inseguridad representa el principal motivo que frena la inversión; de ahí que sea una de las principales preocupaciones para los empresarios.
Asimismo, indicó que máximo dos de cada 10 de los delitos del ámbito patrimonial cometidos son denunciados y, en su gran mayoría, por una necesidad de recuperar bienes a través de seguros y fianzas.
“Los casos que se denuncian tienen muy bajo nivel de conclusión favorable en la impartición de justicia, dado que las instituciones encargadas de ello se encuentran rebasadas”, sostuvo.
Laura González solicitó se muestre acuerdo y voluntad para replantear prácticamente esta institución tan importante y en la que radica buena parte de la tranquilidad de los mexiquenses.
Ante ello, señaló necesario que las áreas de denuncia e inteligencia se incrementen y fortalezcan para que los casos por resolver no queden en letra muerta o se presten a actos de corrupción y abuso de confianza.
La empresaria detalló que entre los delitos que más aquejan al sector que representa a nivel estatal, se encuentren los denominados patrimoniales, cuantificando el año anterior una cifra de 179 mil 787, con lo cual la entidad registró el 19.36% de los casos de este tipo que se presentan en el país.
Finalmente, refirió que tan sólo el año anterior se registraron 389 mil 493 ilícitos denunciados del fuero común, y los que más les preocupan están relacionados con el robo al transporte de carga, con 4 mil 697 casos; atracos a negocios, 20 mil 239 y extorsión, con 3 mil 302 denuncias.
