Aunque las mujeres embarazadas siguen siendo igualmente productivas, la realidad es que en el Estado de México el 11.4% de este sector han sufrido algún episodio de discriminación laboral.
Al respecto, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en la entidad (CCME), hizo un llamado para impulsar una agenda de derechos y respeto a la vida profesional para este segmento de la población.
“Las mujeres en etapa de embarazo siguen siendo igualmente productivas, motivo por el cual desde las empresas debemos promover su acceso a una vida de oportunidades para ellas y sus hijos”, externó.
Cabe destacar que los casos de discriminación laboral durante el embarazo se ubican entre las primeras cinco posiciones de quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a nivel nacional con el 31% de los casos.
Ese dato, agregó la empresaria, obliga a contar con políticas públicas de respeto y apoyo a las mujeres en esta etapa de su vida.
“El respeto a las mujeres y el reconocimiento a sus capacidades en cualquier etapa de su vida, representa uno de los puntos fundamentales para garantizar su desarrollo económico y productivo”, expresó.
¿Qué pasa con la discriminación en el Estado de México?
Actualmente el Estado de México registra una tasa de discriminación del 11.4% de las mujeres en esta condición, sólo unos puntos por debajo de la media nacional que asciende al 17.3%.
Detalló que entre las conductas más recurrentes que se llegan a presentar están los despidos, la solicitud de una prueba de embarazo para la contratación o bien la renovación del contrato, hostigamiento, reducción de salarios, la negación de un permiso para revisiones médicas o incapacidad, descuentos económicos, entre otras.
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También la empresaria pidió tomar en consideración que las mujeres embarazadas no tienen menor capacidad para trabajar, pero sí requieren de un trato que garantice su bienestar y el de su bebé.
“La premisa fundamental que defendemos es que las mujeres tienen el derecho para continuar con sus obligaciones laborales y garantizar de esta manera su futuro y el de sus hijos”, apuntó.
Indicó que la ausencia de una política pública integral del Estado para dar protección a la maternidad y a la primera infancia son parte de los puntos que se deben perseguir para garantizar el desarrollo económico del país.
Mientras que de acuerdo con la última medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el último año, se registraron más de 90 mil embarazos en la entidad, situación que debe ser resguardada.
“Algunas mujeres optan por el emprendimiento como una forma de buscar un equilibrio entre la vida personal y profesional, sin embargo muchas otras tienen carreras muy prominentes dentro de la industria, de las administraciones o bien del comercio y es indispensable que desde las organizaciones empresariales y el sector gobierno se generen políticas públicas que garanticen y resguarden su derecho a continuar con una vida productiva”, concluyó.
