Luego de la publicación de un decreto por parte del gobierno federal para legalizar “autos chocolate”, a partir del próximo mes de julio de este año en 10 entidades del país, la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México (Amdamex) calificó dicha disposición como un atentado a la industria nacional.
Durante una conferencia de prensa web, Luis Antonio Bolaños Alvarado, presidente del organismo, en compañía de otros representantes de este sector, repudió esta determinación, puesto que, dijo, va encaminada a fomentar la ilegalidad a través de “coyotes” y persigue finales electorales por el tema de la revocación de mandato.
“Se abre la puerta para fomentar la ilegalidad, con el propósito de que ciertas personas se beneficien con este decreto, pero a la gran mayoría que participamos en el mercado formal nos afectará”, manifestó.
También lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya asumido el compromiso de escuchar a los empresarios del sector, pero en la práctica no haya sido así.
“Desde que supimos de este decreto le solicitamos al presidente, mediante nuestro organismo nacional, que escuchara al sector, pero no lo hizo. Vemos una falta de seriedad, pero sabemos que el trasfondo de todo esto es una compra de votos, porque este año habrá dos elecciones muy importantes en el país, además de que viene la famosa revocación de mandato”, subrayó.
Cabe mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó, el 19 de enero de este año, un decreto por el que se establece que, hasta julio de este año, diez entidades del país podrán regularizar autos procedentes de Estados Unidos y Canadá, los llamados “autos chocolate”, para lo cual determinó reglas y montos para su implementación.
Entre las entidades en donde aplicará la regularización, serán: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit.
Para el representante empresarial, el hecho de que ahora vayan a contemplarse estados del centro del país, afectará la comercialización de autos nuevos, y con ellos a un número importante de empresas que operan en la legalidad.
“Esta parte del país se convertirá en un mercado negro, porque no habrá restricciones cuando esos autos se legalicen para volverse a comercializar en cualquiera de los estados aledaños”, concluyó.