/ martes 8 de febrero de 2022

Mipymes, las más afectadas por exceso de trámites

Para el 28.2% de las unidades económicas del país, el marco regulatorio se ha constituido en un obstáculo para hacer negocios porque la tramitología y la pérdida de tiempo afecta el inicio de sus operaciones


Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), son las más afectadas por el marco regulatorio excesivo con un indicador del 74.8% a nivel nacional, aspecto que representa un verdadero obstáculo para la inversión.

Cabe destacar que, en la última década, ha habido un incremento del 10% en el número de trámites solicitados en el país puesto que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria contabiliza 5 mil 268 requisitos distintos.

Al respecto, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), demandó un voto de confianza a las autoridades para atender este rubro puesto que se trata de una queja muy añeja por parte del sector que representa.

“Lo que pedimos no es un cheque en blanco, sino un voto de confianza, porque es el momento para promover el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que es necesario impulsar una regulación administrativa eficiente, generadora de certeza jurídica y base para la creación de empleos”, manifestó.

Ante ello, el representante empresarial se pronunció a favor de garantizar la certeza jurídica, así como la regulación administrativa eficiente para la concretar inversiones y empleo.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el 28.2% de las unidades económicas del país, el marco regulatorio se ha constituido en un obstáculo para hacer negocios, porque la tramitología y la pérdida de tiempo, afecta el inicio de sus operaciones.

Asimismo, este estudio refiere que las pequeñas iniciativas de negocio, son las más afectadas al representar el 74.8% de los casos, y considera que no pueden concretar la instalación de sus negocios, justo por temas vinculados con la realización de trámites y procedimientos administrativos.

Aunado a lo anterior, los datos indican que más de 200 mil unidades económicas fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Consideramos que generar mejores condiciones para la llegada de inversiones y promover un criterio de confianza que permita el establecimiento de nuevas unidades económicas de manera acelerada, permitirá fortalecer la creación de empleos y mejores remuneraciones, como objetivo común para la reactivación económica en la entidad”, expresó.

Finalmente, reiteró que es un momento importante para agilizar el proceso de apertura de empresas, con sistemas eficientes que permitan, a las unidades más pequeñas, la oportunidad de iniciar sus operaciones, a partir de un criterio de confianza.


Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), son las más afectadas por el marco regulatorio excesivo con un indicador del 74.8% a nivel nacional, aspecto que representa un verdadero obstáculo para la inversión.

Cabe destacar que, en la última década, ha habido un incremento del 10% en el número de trámites solicitados en el país puesto que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria contabiliza 5 mil 268 requisitos distintos.

Al respecto, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), demandó un voto de confianza a las autoridades para atender este rubro puesto que se trata de una queja muy añeja por parte del sector que representa.

“Lo que pedimos no es un cheque en blanco, sino un voto de confianza, porque es el momento para promover el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, por lo que es necesario impulsar una regulación administrativa eficiente, generadora de certeza jurídica y base para la creación de empleos”, manifestó.

Ante ello, el representante empresarial se pronunció a favor de garantizar la certeza jurídica, así como la regulación administrativa eficiente para la concretar inversiones y empleo.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el 28.2% de las unidades económicas del país, el marco regulatorio se ha constituido en un obstáculo para hacer negocios, porque la tramitología y la pérdida de tiempo, afecta el inicio de sus operaciones.

Asimismo, este estudio refiere que las pequeñas iniciativas de negocio, son las más afectadas al representar el 74.8% de los casos, y considera que no pueden concretar la instalación de sus negocios, justo por temas vinculados con la realización de trámites y procedimientos administrativos.

Aunado a lo anterior, los datos indican que más de 200 mil unidades económicas fueron víctimas de corrupción, lo que representó un costo estimado de 887 millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Consideramos que generar mejores condiciones para la llegada de inversiones y promover un criterio de confianza que permita el establecimiento de nuevas unidades económicas de manera acelerada, permitirá fortalecer la creación de empleos y mejores remuneraciones, como objetivo común para la reactivación económica en la entidad”, expresó.

Finalmente, reiteró que es un momento importante para agilizar el proceso de apertura de empresas, con sistemas eficientes que permitan, a las unidades más pequeñas, la oportunidad de iniciar sus operaciones, a partir de un criterio de confianza.

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