Ante la cercanía de la publicación de los Bandos Municipales 2022 el próximo 5 de febrero, el sector privado del Estado de México, propuso que las licencias para los negocios de bajo impacto no tengan ningún costo, así como permisos permanentes para operar, los cuales tengan vigencia por lo menos de tres años.
Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), aseguró que las nuevas administraciones han iniciado sus gestiones con grandes retos, tanto en la parte financiera, como en lo relativo al tema de la pandemia por el Covid-19.
“Existen áreas de oportunidad que los gobiernos municipales deberían considerar desde la iniciativa privada, como el tema de las licencias de bajo impacto pues éstas deben ser permanentes sólo con refrendo anual”, apuntó.
La empresaria recordó que en la ley en la materia estas licencias no tienen costo; de ahí la importancia de que las autoridades municipales retomen este punto.
“No pueden cobrar derechos por expedición de licencias de bajo impacto, porque existe pago de anuncios publicitarios, pero de licencias para bajo impacto, ¡no!”, expresó.
También se pronunció a favor de que el área de Protección Civil, se encuentre certificada, siendo muy cuidadosos con los perfiles que colaboran en estas direcciones municipales.
“Es necesario que quienes se encuentren a cargo de las diferentes áreas a nivel municipal, cuenten con los perfiles adecuados, ya que lo que se busca es que contribuyan a lograr la reactivación económica”, manifestó.
González Hernández consideró de gran relevancia se homologuen y actualicen criterios de operación de unidades económicas con la Ley de Competitividad y ordenamiento comercial estatal.
“Es muy importante revisar en qué criterios se basan los municipios para dar facultad y atribución de verificación y control o expedición de licencias a las Direcciones de Gobierno en operaciones de Desarrollo Económico”, expresó.
Por último, la empresaria subrayó que el tema de las verificaciones, debería ser revisado a profundidad por las autoridades como acción de prevención de la corrupción.
