Ante el repunte en los índices y víctimas de corrupción en el primer año de gestión del Gobierno Federal, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), urgió a implementar las acciones que sean necesarias para eliminar elementos de discrecionalidad en todos los niveles de la administración.
Lo anterior luego de señalar que, durante el último año, se reportaron pagos por 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente de dicho organismo, lamentó que la administración federal se haya negado constantemente a invertir en tecnología para facilitar la tramitología, y esto se vea reflejado en el incremento en los casos de corrupción.
Por otra parte se refirió a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), antes mencionados y propuso acciones para combatir este flagelo, como el hecho de retomar las acciones que sean necesarias en materia de digitalización y sistematización de trámites de los tres órdenes de gobierno.
Ante este panorama, recomendó la implementación acciones básicas con el propósito de disminuir esta pérdida y blindar al ciudadano de a pie de ser víctima de estos delitos, los cuales, en la mayor parte de los casos, se cometen en ventanillas atendidas por un funcionario de bajo nivel y preparación.
Tres acciones básicas
En este contexto, Sauza Martínez propuso tres medidas básicas: Primero, automatizar los procedimientos sin necesidad de que haya algún criterio en la toma de decisiones de los funcionarios; segundo, la sistematización al recibir la documentación y entrega de autorizaciones y; tercero, la digitalización de actividades a través de líneas virtuales.
“Si bien la percepción de corrupción ha disminuido en número o mejor dicho, en referencia con la sociedad lo han hecho porque el Gobierno Federal ha dedicado el tiempo a atacar, lo que ellos entienden como temas de corrupción, a través de funcionarios públicos de alto nivel, pero me parece que se han olvidado que la corrupción que más daña el día a día de la sociedad: la que vivimos todos los ciudadanos al enfrentarnos a un trámite, a una solicitud o hasta a algún requerimiento”, aseveró el presidente de Concaem.
También pidió tomar en consideración que el funcionario de ventanilla es la primera respuesta hacia el ciudadano y hoy tienen poder y autonomía en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno, cuando solamente deberían tener recepción y sello de documentos para poder avanzar en los trámites.
De acuerdo con el reporte del INEGI, el mayor porcentaje de los casos en experiencias de corrupción (59.2%), se llevó a cabo en el contacto con autoridades de seguridad; seguido, con un 25%, de los trámites en relación a los permisos de uso de suelo, construcción, demolición, solicitud de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad.
Insistió en que, si bien la percepción de la corrupción ha bajado en las altas esferas de gobierno, los ciudadanos siguen experimentando extorsiones, por lo que uno de los puntos fundamentales para disminuirlas, es el compromiso de cada persona para exigir un cambio y saber ante quién hacerlo.
“Hoy me parece que el ciudadano tiene que crecer, culturalmente hablando, en tema de educación. Necesitamos solicitarle a la autoridad correspondiente que resuelva lo que le atañe y eso no se logra si el ciudadano no está enterado y educado para saber qué le toca a cada quién”, expresó.
Finalmente, reconoció el trabajo que hoy realizan los organismos públicos autónomos, como el INEGI, que permiten visualizar las fallas y aciertos que se tienen, y delinear estrategias para generar cambios.