El sector empresarial del Estado de México no se encuentra en condiciones de otorgar un aguinaldo de 30 días, como lo está proponiendo el Congreso de la Unión, porque no existe suficiente solvencia económica para ello, motivo por el cual se trata de una iniciativa que deberá analizarse con todos los sectores involucrados.
Así lo coincidieron Laura González Hernández, Raúl Chaparro Romero, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM) y de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos (ASECEM), respectivamente, así como Julián Niembro Rivera, ex presidente de la Asociación de Estacionamientos del valle de Toluca, quienes pidieron tomar en consideración que más del 90% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas (Mipymes).
Al respecto, el líder de la Asecem pidió mayor sensibilidad con la situación económica por la que atraviesa el sector que representa y llevar a cabo un trabajo en equipo con los diputados federales.
“Antes de tomar una decisión de esta magnitud primero se deberá efectuar un análisis sobre la productividad al interior de las unidades económicas, y analizar las capacidades así como la labor que realiza cada trabajador”, aseveró.
Raúl Chaparro solicitó tomar en consideración que fueron tres años de pandemia del Covid-19, y muchos son los sectores de la economía que todavía no alcanzan la tan anhelada recuperación económica.
Cabe mencionar que, el pasado 8 de agosto, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados federal, Manuel Baldenebro, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un proyecto de reforma para que los trabajadores del sector privado reciban un aguinaldo de 30 días, ya que, indicó, se trata de una prestación que no se ha actualizado en más de 50 años de vigencia de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Niembro Rivera hizo hincapié en que no todas las empresas que operan en México “son las grandes trasnacionales”, por lo que un aguinaldo de 30 días tendría un impacto muy importante en las Mipymes.
Por ende, consideró que esta medida sólo provocaría un repunte de la informalidad, motivo por el cual primero el país debería repuntar económicamente y ofrecer mejores perspectivas a los empleados.
“No es posible que comparen a una gran tienda comercial con un pequeño o mediano establecimiento, porque los estacionamientos o las ópticas únicamente tenemos dos empleados; y ahora ya les estamos otorgando un mayor número de días de vacaciones, por lo que hemos tenido que hacer nuevas contrataciones para cubrir los espacios”, externó.
Por su parte, Laura González aseveró que se trata de una propuesta que recientemente fue presentada, pero que se tendrá que madurar, analizar y someter a consideración de los empresarios, pues el impacto sería mayor para las micro y pequeñas empresas.
“No estamos en contra de mejorar las condiciones, prestaciones y derechos de los trabajadores, pero se tendrá que considerar que el 98% de las empresas son micro y pequeñas, y más del 60% son informales y van al día. Por eso una medida así se deberá analizar a profundidad”, sostuvo.