La Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México (AMDAME) expresó su total rechazo a la propuesta de legalizar vehículos "chocolate", lo que representaría un duro golpe al desempeño del mercado interno automotor que se encuentra en crisis desde hace 28 meses, al registrar reportes negativos consecutivos y con igual perspectiva hacia 2020.
María de los Ángeles Arriaga de Quiroz, presidenta de la AMDAME exhortó a los senadores a desechar este golpe al estado de derecho. Les pidió reflexionar que de su voto depende la regularización de estas unidades que, de ser a favor, “incentivaría la ilegalidad y validaría la actividad de organizaciones que motivan la circulación ilegal de vehículos sin reconocimiento del estado”.
Refirió que el pasado 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, sin embargo, de forma sorpresiva se presentó una reserva para introducir un artículo transitorio que faculta al Congreso de la Unión a “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.”
Indicó que una vez aprobado por el pleno se turnó a la Cámara de Senadores, de ahí su llamado a los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión para evitar su aprobación.
Insistió que están en riesgo 250 establecimientos dedicados a la comercialización de 44 marcas de automóviles y camiones con importantes inversiones que generan más de 18 mil empleos directos y atienden el 12 por ciento del mercado nacional con presencia en 28 municipios para atender a nuestra entidad.
“No obstante la caída que ha padecido el mercado marcadamente en nuestra entidad, el impacto económico de nuestra actividad representa para el Estado de México una gran derrama económica y contribuciones millonarias en IVA e ISAN”.
Advirtió que la regularización de vehículos ilegales podría afectar al mercado automotor hasta en un 30%, con consecuencias desastrosas para la recaudación fiscal, la inversión y el empleo formal.
María de los Ángeles Arriaga apuntó que la regularización no sólo constituye un incentivo perverso al comercio ilegal, sino constituye una fachada para el lavado de dinero, fortalece la cadena de corrupción y más grave aún, podría estimular la introducción de dinero en efectivo y recursos para la delincuencia.