Representantes del sector privado en el Estado de México, se pronunciaron en contra de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, así como la ampliación de uno a dos días de descanso por cada cinco de trabajo, ya que esto representaría el cierre de operaciones para muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales no tendrían la solvencia económica para implementar esta medida y contratar mayor personal.
En entrevista, los presidentes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad (Concaem) y de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos (Asecem), Mauricio Massud Martínez y Raúl Chaparro Romero, respectivamente, se refirieron a esta iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, y pidieron no dejar de lado que nunca ha habido consenso con este sector, pero tampoco han considerado que más del 90% de las unidades económicas en nuestro país son Pymes.
Al respecto, Mauricio Massud dijo tener conocimiento de que esta propuesta pudiera aprobarse para el presente año; sin embargo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas traería consigo un impacto negativo en el gasto fijo de las unidades económicas porque el 99% de éstas son Pymes y Mipymes.
“El estudio que hemos hecho es que esta medida podría impactar hasta en un 25% en nuestro gasto de nómina, lo cual de alguna forma nos colocaría en un panorama mucho más adverso, ya que muchas empresas no hemos alcanzando la recuperación post pandemia del Covid-19. Por ende, consideramos que se trata de un tema delicado y sensible, aunque sabemos que tendremos que ir migrando hacia una reducción en la jornada laboral”, comentó.
Ante dicho panorama, se pronunció a favor de que la reducción en la jornada laboral sea gradual y analizar inicialmente cuáles serían los sectores de la economía que no se verían tan afectados, porque también tienen que enfrentarse a otros temas delicados, entre ellos: La inflación alta y la falta de crecimiento económico.
“Consideramos que no es el mejor momento para esta medida y primero se tendría que pensar en la gradualidad de la propuesta. El impacto económico de esta medida nos conduciría a pensar que tan viable resultaría continuar con nuestros negocios y muchas empresas tendrían que cerrar, al tener que contratar mayor personal o pagar horas extras”, externó.
Por su parte, Raúl Chaparro lamentó que no se consulte al sector empresarial para la implementación de este tipo de medidas, ya que podría verse muy afectado, e incluso estarían en riesgo las fuentes laborales que ya proporcionan.
“La realidad es que le hemos preguntado a nuestros mismos trabajadores sobre esta propuesta, y nos han dicho que más que descansar ellos prefieren laborar. La verdad es que no hemos sido tomados en cuenta, cuando somos uno de los sectores cruciales o más importantes para que se lleven a cabo estos cambios en la ley”.
Finalmente, pidió tomar en consideración que este tema no ayudaría en nada a mejorar la competitividad de México (55 de 64 países) y la entidad mexiquense (21), las cuales se encuentran muy bajas en el ámbito internacional, así como nacional.