Se atora el remate de empresa Oro Negro

El proceso de venta de los activos de Oro Negro avanza lento a más de cuatro meses de la declaratoria de quiebra de la empresa, debido a un boicot por parte de Fernando Pérez-Correa, quien fue síndico del proceso, acusaron representantes legales de los bonistas.

“No avanzamos casi nada”, dijo el abogado Daniel Díaz en referencia al trabajo de Pérez-Correa como síndico, quien ya fue removido.

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En este lapso, explicó, Nordic Trustee, que representa a los tenedores de la deuda de la compañía, presentó una propuesta por 400 millones de dólares a los acreedores para quedarse con todos los activos de la compañía fundada por Gonzalo Gil White, que son derechos de litigios.

La oferta, dijo el abogado, sólo alcanzaba para pagar a acreedores comunes y créditos contra la masa concursal, ya que el total de la deuda de Oro Negro supera mil millones de dólares.

Al respecto, Roberto García, otro de los abogados de los bonistas, comentó que esta cantidad cubría casi el total de la deuda, si se considera que se subastaron las plataformas que Oro Negro rentaba a Pemex, con el fin de pagar a los acreedores.

Sin embargo, la operación no pude hacerse debido a que el síndico Pérez-Correa no la autorizó.

“La Ley de Quiebras establece que cualquier negociación que se realice seis meses después de que una empresa es declarada en quiebra, sólo puede ser aprobada por el síndico, que en este caso puso varias trabas al acuerdo”, explicó.

La semana pasada, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) removió a Pérez-Correa como síndico en el proceso de quiebra de la empresa que rentaba plataformas petroleras a Pemex, debido a un conflicto de interés.

Esto, debido a que el despacho Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa (Solcargo), del cual es socio el abogado Pérez-Correa, defendía a los dueños de las compañías Perforadora Oro Negro e Integradora de servicios petroleros Oro Negro, Gonzalo Gil Díaz y José Antonio Cañedo White, dentro del procedimiento de quiebra.

El Ifecom determinó conflicto de interés, por lo que retiró al abogado como síndico y en su lugar designó a Gerardo Sierra Arrazola en el puesto provisional.

Al respecto, los abogados coincidieron que como “arbitro” del proceso de quiebra, Pérez-Correa benefició a sólo un lado de las partes, que fue a los clientes de su despacho, ya que de haber aprobado la oferta de los bonistas a los acreedores Gil Díaz hubiera perdido el litigio que posee contra sus bonistas.

El hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, tiene demandados a los bonistas de Oro Negro en una corte de Nueva York por mil millones de dólares.