El reconocimiento constitucional del derecho a la protección de datos personales marca un hito importante para su consolidación como un derecho diferenciado e independiente que no debemos perder de vista, ya que se ha posicionado en el centro del sistema político y económico a nivel global debido a la evolución tecnológica, reflejando la necesidad de regular y proteger adecuadamente la información personal en un entorno digital.
La propuesta de eliminar organismos garantes que tutelan este derecho, atenta contra el fortalecimiento de su autonomía que implica la garantía, independencia y la imparcialidad en la toma de decisiones, como resultado de luchas sociales e históricas en México para fortalecer el estado de derecho. A lo largo de los años, diversos sectores han abogado por la creación y consolidación de estos órganos, por lo que pese a las tensiones con otros poderes del estado, su existencia se justifica en la distribución y equilibrio del ejercicio del poder y en la necesidad de contar con instituciones sólidas y confiables que velen por la tutela de derechos.
Los desafíos que implica conciliar, equilibrar y proteger la información personal frente al estado y al mercado, no solo se relaciona con la privacidad individual, sino también con la autonomía, la dignidad y la libertad de las personas en un entorno donde la recopilación y el uso de datos pueden tener implicaciones importantes en su vida.
Al concentrar estas particularidades y determinaciones en autoridades no especializadas para ello, puede implicar riesgos, vulneraciones e incumplimientos mayores a los que hoy actualmente nos enfrentamos, abriendo brechas difíciles de cerrar entre la ciudadanía y las instituciones, por la ausencia de confianza.
Transferir las atribuciones de estos organismos especializados a otras dependencias o entidades, pondría en riesgo no solo el ejercicio de los derechos que tutela, además de no respetarse la progresividad del derecho humano, sino que se incrementarían los riesgos y amenazas a la privacidad y a la propia seguridad de las personas, sin la supervisión y regulación adecuada, ya que los entes públicos, las empresas y organizaciones podrían incurrir en mayor medida, en prácticas invasivas que comprometan la privacidad de los individuos, ya sea mediante la recopilación excesiva de datos, la vigilancia masiva, el uso indebido del tratamiento de información o su venta a terceros sin consentimiento.
En el contexto mexicano, el T-MEC, el Convenio 108 y su Protocolo adicional juegan un papel fundamental en la protección de datos personales y no contar con autoridades especializadas para la garantía de este derecho, podría ser violatorio directamente de estos convenio internacionales donde los derechos humanos juegan un papel primordial, con lo que se pondrían en peligro el marco de tutela y se rebajaría el estándar que actualmente protege a las personas, causando un daño grave a la defensa de los derechos de los individuos.
Las autoridades garantes en la era digital, se vuelven cruciales para garantizar la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos, por lo que su desaparición podría traer consigo diversas consecuencias en la privacidad de los individuos y la confianza necesaria para la economía digital y la defensa de sus libertades y derechos frente a la tecnología, no se puede tolerar que haya vacíos legales ni normatividad diferenciada o que haya una acción de la autoridad insuficiente o falta de supervisión y control no especializado e independiente.