Toluca, México.- Para ejecutar la obra del tren interurbano México-Toluca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), habría avalado el proyecto con 29 reglamentos en materia ambiental, en los cuales supuestamente no existe ninguna restricción para desarrollar una obra de tal impacto.
Luz María Ordoñez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado de México, explicó que el listado de reglamentos consideran leyes del estado de México y de la Ciudad de México, que aparecen en el estudio de impacto ambiental que publicó la SCT como parte de sus justificaciones.
“Son veintinueve reglamentos que curiosamente dicen no tener una restricción para la obra”, dijo Ordoñez en entrevista telefónica para este diario.
La especialista considera que una obra de tal magnitud obligadamente trae consigno un daño ambiental amplio, desde la contaminación del suelo, los mantos acuíferos, hasta la extinción de especies animales.
“En esta zona tenemos un parque nacional y tenemos áreas naturales, como es el Desierto de los Leones y la ciénega del río Lerma, que claro que han sido afectados”, sostuvo la ambientalista.
ESPECIES AFECTADAS
Luz María Ordóñez explicó que en la Manifestación de Impacto Ambiental hecha para el tren, en los censos aplicados se cuantificaron 169 especies de vertebrados en 66 familias.
Los cuales se agrupan en 8 especies de anfibios; 15 de reptiles y 121 de aves, así como 25 de mamíferos.
Algunas de las especies, pudieran haberse extinguido por la reducción de su hábitat y la contaminación sonora que provoca la maquinaria, la cual afecta principalmente a los mamíferos.
“El suelo se ha contaminado también, por las perforaciones se ha filtrado el combustible a los mantos”, comentó la especialista.
Precisó que en la ruta del tren, existen al menos 10 tipos de uso de suelo, desde el agrícola hasta el destinado para las reservas naturales.
SOBRECOSTO SOCIAL
El arquitecto, Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, explica que el costo social, ha sido también amplio, pues en la última etapa de la obra, aún se mantienen conflictos por las indemnizaciones a las comunidades aledañas.
Afirmó además que el sobrecosto económico es demasiado alto, y que se trata de un negocio privado, en el que las empresas inversionistas omiten responsabilidades y el Gobierno federal le está inyectado dinero de más.
“Es mucho dinero que se le está inyectando a un negocio privado, que en algún momento él (Presidente Andrés Manuel López Obrador) denominó la 'mafia del poder' y ahora no sanciona”, dijo el arquitecto.
También se refirió a que una vez que concluya la obra, las empresas serán las que administren el tren y se les otorgará concesiones hasta que recuperen lo invertido.