Tlalnepantla, México.- Más de 670 ministeriospúblicos y policías ministeriales de la Fiscalía General deJusticia del Estado de México (FGJEM) fueron sujetos ainvestigación por presuntos actos de corrupción. De la cifraanterior, 67  servidores públicos (10 por ciento), a quienes seles iniciaron carpetas de investigación el año pasado, se lesfincó responsabilidad penal o administrativa.

De acuerdo con cifras de la propia FGJEM y dela Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por ServidoresPúblicos, se iniciaron 337 carpetas de investigación contraministerios públicos acusados, en su mayoría por no integraradecuadamente los expedientes y con ello impedir procederlegalmente contra acusados. En el caso depolicías ministeriales de la FGJEM, el año pasado se procediócontra 337 de ellos.

De los 670 servidores públicos asignados alárea de procuración de justicia que fueron reportados en 2016 poractos de corrupción, en 80 por ciento de los casos investigados seiniciaron por vista de los jueces y quejas de usuarios, fincándoseresponsabilidad penal y administrativa a 67funcionarios.

Asimismo, en 2016, la Fiscalía General deJusticia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo 19procedimientos administrativos en contra del personal, mientras quela Comisión de Honor y Justicia registró 53 quejas contrafuncionarios adscritos a esa dependencia.

En tanto que la Inspección General de lasInstituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM)llevó a cabo 42 procedimientos, que van desde amonestaciones,suspensiones por 10, 15, 20 y 30 días e inhabilitaciones por seismeses y un año a servidores públicos del área de seguridad yprocuración de justicia.

Por su parte, el fiscal mexiquense, AlejandroGómez Sánchez, rechazó tajantemente que en el Estado de Méxicose utilice la tortura para obtener confesiones y sostuvo que esnatural que los probables responsables aleguen esta situación comoun medio de defensa.

La mayor cantidad de alegatos de tortura que sepresentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que sonmuchos, no llegan a recomendación y se comprueban por la mismaCodhem, aseguró el fiscal.

Refirió Alejandro Gómez Sánchez que hayelementos que han caído en tortura y se han ido a la cárcel. Unode los casos muy claros es el de Tlatlaya, “donde incluso tenemossentenciados. En Atenco estamos procediendo en contra de más de 45policías que incurrieron en alguna práctica y el caso de lapersona embolsada, donde se acusaban a elementos de lafiscalía”.

Cada uno de los casos de tortura se atienden yse investigan, el problema que se tenía eran las carpetas deinvestigación para llevar a cabo el protocolo de Estambul, que esuna de las pruebas que se deben de cumplir para integrarexpedientes, “por ello acabamos de cerrar nuestra capacitaciónen el tema y ahora tenemos capacidad propia para este tipo deinvestigaciones”, aclaró Gómez Sánchez.