Toluca, México.- Aunque el Estado de México no registra los problemas de otras regiones del país en lo que corresponde a desplazamiento forzado asociado al crimen organizado, preocupan zonas como el sur en donde se está viendo afectada la sociedad civil. Asimismo, se destacó que nuestro país ocupa el segundo sitio a nivel internacional (después de Siria), en lo que corresponde a fallecimientos derivados de la extrema violencia, “se puede decir que lleva la delantera, porque no estamos en guerra”.
Durante la presentación del libro: Desplazamiento interno forzado, regiones y violencia en México 2006-2013, editado por El Colegio Mexiquense, tanto los autores, Luz María Salazar Cruz, como José Antonio Álvarez Lobato, secretario general de dicho instituto y los comentaristas de la obra, Viridiana Sosa Márquez, profesora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Población (CIEAP) de la UAEM y Salvador Cobo Quintero, especialista en Economía e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), coincidieron en señalar que en los últimos años las autoridades en el ámbito federal han buscado “la negación de la realidad” en lo que corresponde a este tema.
Por su parte, Álvarez Lobato comentó que en las regiones del sur de la entidad la gente llega a comentar “me gustaban más los Zetas, porque nos respetaban, ya que en cambio otros grupos son más violentos y nos extorsionan. En pocas palabras, deciden que lado del conflicto les beneficia o les perjudica”.
En términos mediáticos, abundó, la realidad es que nunca se habla de un conflicto generalizado, vacío de poder o ingobernabilidad, sino que oficialmente se utiliza la frase “pleito entre delincuentes”, motivo por el cual, muchos de los especialistas se preguntan: “Nos encontramos dentro de una guerra civil?”.
Derivado del tema del narcotráfico es que se han venido generando diferentes conflictos, los cuales se encuentran protagonizados por el gobierno legítimo y los delincuentes.
Sin embargo, aseveró el secretario de El Colegio Mexiquense, en la región oriente del estado dicha problemática “no es tan visible”, y por ende, resulta más difícil hablar de una división territorial.
Actualmente, sostuvo, los narcotraficantes controlan territorios, cobran impuestos y llevan a cabo acciones de justicia bajo su ética, con lo cual alrededor de 700 mil personas han sido desplazadas en México en los últimos años.
Buscan generar políticas públicas
Luz María Salazar destacó que en nuestro país el único organismo que ha aceptado el problema del desplazamiento forzado por narcotráfico es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que también ya fueron convocados como colegio a la presentación de esta obra.
En cuanto a la necesidad de contar con políticas públicas, afirmó que efectivamente se trata de un aspecto que se encuentra contemplado dentro de su agenda pendiente en lo que corresponde a investigación, pero ya están avanzando en lo que corresponde a la otra parte del estudio: si las personas desplazadas regresan a su lugar de origen.
“El Colegio Mexiquense cuenta con especialistas en lo que corresponde a las políticas públicas, y seguramente en su momento nos apoyaran con su experiencia y análisis”, manifestó.