La venta de sentencias en los tribunales mexiquenses no es sólo un acto de corrupción de servidores públicos, pues involucra a los abogados, beneficia a quien no lo merece y perjudica aún más a las víctimas.

Así lo expresó Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados, quien reconoció el trabajo emprendido por el titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, para acabar con la corrupción en la impartición de justicia.

“Nosotros reconocemos la actividad y la preocupación del presidente del Tribunal, en materia de corrupción indudablemente no es lo único que pudiera existir, se debe ahondar más”, afirmó.

Lo anterior, en virtud del anuncio del Poder Judicial mexiquense sobre la detección de dos redes de corrupción al interior de la institución, una de ellas dedicada a la venta de sentencias y otra a operar notificaciones condicionadas.

El magistrado Sodi Cuéllar se comprometió a llevar a cabo las investigaciones para desmantelar esta y otras prácticas, además de imponer “sanciones al amparo riguroso de la Ley y hasta sus últimas consecuencias”; asimismo, se dio a conocer que ya hay, al menos, tres personas identificadas y detenidas por estos hechos.

Externó su preocupación por la participación de los abogados en la venta de sentencias, porque es el intermediario entre el tribunal y quien exige justicia.

Exhortó a los abogados a capacitarse, a actuar con probidad, con ética profesional. Pidió que intensifique la lucha contra la corrupción e intensificar la capacitación de los servidores públicos, además de supervisar su evolución patrimonial.

El Poder Judicial mexiquense ha detectado dos redes de corrupción al interior de la institución: una dedicada a la venta de sentencias y otra a operar notificaciones condicionadas.