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Los abogados aplauden la decisión de vacunar en primer lugar al personal médico que está en la primera línea de atención al Covid-19.
Sin embargo Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, señaló que existen personas cuya condición de salud las hace más vulnerables que otros grupos con mayor edad, factores que deben ser considerados para adelantarles la aplicación de la vacuna.
Consideró acertado que se vacune primero a las personas de mayor edad, pero también debe considerarse a quienes por su actividad están en mayor riesgo de contagiarse, como los abogados, pues es el segundo gremio más golpeado por el coronavirus SARS-CoV2.
Dijo confiar en que la Secretaría de Salud tomará en cuenta a estos grupos susceptibles y al gremio de abogados, pues de lo contrario tendrán que buscar la manera de ampararse para poder adquirir la vacuna y para que se aplique a todos aquellos que están en riesgo por temas de salud.
Recordó que a finales del año, el Colegio de Abogados mexiquense hizo las gestiones necesarias y aplicó 500 dosis de vacuna contra la influenza en sus instalaciones, con lo que aseguró la salud del gremio y sus familiares.
Lazaga Yamín indicó que el proyecto de aplicar pruebas rápidas para detección de Covid-19 no pudo concretarse por temas de sanidad, pues el edificio es cerrado y no cuenta con un espacio abierto para no poner en riesgo ni a los colegiados ni a sus familiares.
“Sabemos que las pruebas se están aplicando en espacios abiertos y eso lo entendimos de nuestras pláticas con la autoridad sanitaria, pero estamos pidiendo que se proteja, como el segundo grupo más golpeado, a los abogados postulantes, pues ya hemos tenido muchas bajas.
Lo anterior porque son el contacto directo entre la autoridad judicial y el cliente, por lo tanto se convierten en agente transmisor de la enfermedad y eso nos preocupa, es lo que queremos evitar.
Seguramente esa será nuestra postura, o nos aplican las vacunas atendiendo el criterio de las personas que por algún tipo de enfermedad aunque no tengan la edad, corren el riesgo de perder la vida o nosotros las adquiriremos, pero no sin antes interponer los amparos necesarios para que esto sea posible.
Reconoció que ya hay otras instancias gestionando permisos de compra ante la autoridad federal, pero debido a la postura que ha asumido el gobierno es seguro que esta discusión se termine en los juzgados.
No aceptamos la miopía con la que están viendo esta problemática de que o somos nosotros o no es nadie, consideramos que la posición que debe un gobierno que tiene por mandato constitucional proteger a la ciudadanía, es defender el derecho a la salud como inalienable.
Como ciudadanos que estamos expuestos a perder la vida, tenemos el derecho de escoger la vacuna que creemos es más conveniente a nuestro interés, sobre todo que no es otro que la salud personal y familiar, concluyó.
