Desde diciembre, Abril Barrientos ha luchado por estar cerca de su hijo; sin embargo, su expareja ha limitado la convivencia y las autoridades le han dado prioridad a la madre gestante, pese a que tiene denuncias por violencia familiar en su contra y sustracción ilegal del menor.
Su caso se complica debido a que es parte de la comunidad de la diversidad sexual, por lo que ha sido víctima de discriminación.
Abril lamentó que en enero pudo abrazar a su hijo por última vez, pero su caso se complica porque, además, vive en Estados Unidos. Migrante y lesbiana, lamentó, son los factores por los que su caso se complica ante las autoridades mexiquenses, pues el caso se radica en Toluca.
Hasta este año, Abril no conocía el término violencia vicaria y no imaginó que sería víctima de este fenómeno.
“En noviembre comencé la separación y en diciembre el proceso legal porque mi expareja sustrajo al niño, a nuestro hijo. Levanté la denuncia en la FGJEM y dos meses después ella dio parte y se firmó el convenio de divorcio. Pude ver a mi hijo bajo vigilancia, pero después me tuve que ir a Estados Unidos. De enero a abril, parte del convenio eran las videoconferencias, pero son muy cortadas, con mucho ruido”.
Relató que en abril le tocaba la convivencia presencial, pero le negaron al menor, solo le dijeron que si quería verlo, sólo sería con orden del juzgado.
Si bien el término violencia vicaria se emplea cuando se utiliza a los hijos o se fabrican delitos para lastimar a una madre y está reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; no está tipificada en el Código Penal del Estado de México.
Ahora Abril está familiarizada con este término debido a sus acercamientos con colectivas feministas, por lo que no descarta que el hecho de que no se le permita ver al menor sea para lastimarla de manera emocional y psicológica.
“Nosotras nos separamos el año pasado y cuando le pedí el divorcio, se portó más agresiva. Toda la relación tuvimos violencia psicológica porque ella mantenía la relación en el clóset, con el divorcio comenzó con la manipulación y los deseos de muerte. Lo está utilizando para ejercer daño sobre mí”.
Violencia vicaria en el Edomex
La violencia vicaria, un término relativamente reciente, representa una forma de violencia de género donde los agresores a menudo recurren a fabricar acusaciones penales.
Según la colectiva Aquí Está Mamá, se trata de una violencia ejercida por hombres, principalmente, hacia mujeres, utilizando a los hijos como herramienta para causar daño psicológico, emocional e incluso económico. Aunque el término es nuevo, se han documentado casos que se remontan hasta 20 años atrás.
En el Estado de México, la violencia vicaria fue reconocida en abril de 2022 en el artículo 8 de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde la entrada en vigor de esta ley, se han detectado alrededor de mil casos de violencia vicaria en la entidad.
Abril, quien lucha actualmente por recuperar a su hijo, se une a la demanda para que la violencia vicaria sea considerada como un delito.
Las consecuencias de la violencia vicaria
Los efectos de esta forma de violencia pueden ser devastadores para los hijos de las víctimas, apuntó la Colectiva Aquí Está Mamá, pues son los y las menores testigos de lo que se ejerce hacia su madre y pueden ser directamente afectados por esta violencia.
La violencia vicaria no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto profundo en las familias y en la sociedad en general, ya que desintegra núcleos familiares y deja secuelas psicológicas e incluso físicas en quienes la padecen.
En el caso de Abril, teme que a través de violencia psicológica y emocional, rompan el vínculo que tiene con su pequeño de 2 años.
Abril teme por la integridad de su hijo
Debido a que el hijo de Abril podría estar dentro del espectro autista, ella teme que no reciba la atención adecuada y que sea violentado como lo fue ella.
El mes pasado notificó el incumplimiento del convenio de divorcio y también inició una denuncia por violencia familiar.
“Después de todo lo que sucedió, estoy buscando la custodia legal de mi pequeño porque sé que él no está a salvo, está con una persona que sufre depresión, ansiedad y, aparte, es agresiva”.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades judiciales y del ministerio público, para que se hagan peritajes y se determine con quién el menor podría tener un sano desarrollo y feliz, con límites que permitan su aprendizaje.
“Me han dicho que como no soy la madre gestante, que probablemente no haya aportado material genético, porque ambas donamos óvulos y fueron implantados en ella (expareja). Por supuesto que me he sentido discriminada”.
Además, denunció que ha recibido amenazas de muerte y que se publicarán fotos y conversaciones privadas si no desiste en la lucha por la custodia de su pequeño. Incluso fue agredida por su excuñado, lo que ya reportó ante el Ministerio Público, por lo que está en la espera de se investiguen los hechos.
Así va la ley a nivel nacional
El 7 de marzo de 2023, el Senado de la República Mexicana aprobó por mayoría una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y al Código Penal Federal. Estas reformas establecen penas de hasta 5 años de prisión para aquellos que ejerzan violencia contra las mujeres a través de terceras personas, fenómeno conocido como violencia vicaria.
Varios estados de México han adoptado y aplican esta legislación que castiga la violencia vicaria. Entre ellos se encuentran Puebla, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí y el Estado de México.
En la entidad mexiquense, tanto la bancada del PRD como la del PAN, han presentado iniciativas ante la Cámara de Diputados local con a intención de que la violencia vicaria sea reconocida como delito en el Código Penal de la entidad, sin embargo, aún no han sido turnadas a comisiones para su análisis y, en su caso, aprobación.
Cabe destacar que, las víctimas de este tipo de violencia se pueden acercar con las colectivas, como Aquí Está Mamá, para recibir asesoría jurídica, así como apoyo emocional; además de que también se pueden acercar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para los mismo fines.