Académicas y activistas alertaron que el Poder Legislativo no ha hecho su trabajo para sancionar la violencia en redes, pues las normas están atrasadas y existe un "sicariato digital", es decir, granjas de bots y de trolls que atacan y violentan a mujeres y destacaron la necesidad de tutelar la dignidad de las mujeres que ocupan un cargo público.
Durante la presentación del libro "Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en la Justicia Electoral", el magistrado Luis Felipe de la Mata, coordinador de la obra, advirtió que la violencia política de género es un tema que deviene del mayor empoderamiento de las mujeres, pues la reacción machista se genera por el mayor empoderamiento.
Admitió que la ley está tan atrasada, a pesar que es del 2020, que el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia y la ley electoral no tienen un sentido moderno de los temas que se van planteando en la jurisprudencia.
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En ese contexto, y ante el reto del 2024, señaló, junto con personas trabajadoras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron urgente la necesidad de un manual y un resumen sistemático de las sentencias para que se conozcan y las puedan aplicar; por lo cual hicieron ese libro.
Varias ponentes mostraron preocupación por el hecho de que un empresario ataque a la senadora Citlalli Hernández y no existan consecuencias.
Internet
La profesora investigadora Alejandra Tello Mendoza, advirtió que existe una realidad compleja en Internet y el Poder Legislativo no está haciendo su trabajo como debería, pues las autoridades jurisdiccionales han ido mucho más adelante que el Congreso.
El Poder Legislativo, dijo, no va al día y existe un "sicariato digital", es decir, una lluvia de "bots" y de "trolls", quienes atacan y violentan en respuesta a publicaciones de mujeres que son incómodas con el patriarcado.
Opinó que deben seguir perfeccionando el test de cinco pasos para identificar la violencia política, pues tiene la debilidad de que no incorpora la idea de que la dignidad de las mujeres debe ser tutelada cuando están ejerciendo un cargo público y es un tema que debería discutirse.
En tanto, Ericka López Sánchez investigadora en la Universidad de Guanajuato señaló que el litigio ha sido el impulsor en el avance democrático, pues las personas discriminadas han emprendido luchas jurídicas para lograr la reparación y el cumplimiento de derechos.
Consideró que la aplicación efectiva de los derechos se debe construir en un diálogo con movimientos sociales o con las personas afectadas y coincidió en que hay un retraso en la ley con lo que actualmente sucede.
Advirtió que el requisito de modo honesto de vivir es peligroso, pues es imposible desvincularlo de lo moral y es ambiguo, susceptible de estar cargado de significaciones y da pauta a la discriminación; por lo cual la Suprema Corte lo desechó como un requisito para obtener un cargo de elección popular.
Señalan deudas
Wendy Briceño Zuloaga, secretaria de Desarrollo Social de Sonora destacó que ha habido avances importantes, pero existe un trecho importante para inhibir y erradicar la violencia política en razón de género y concluyó que aún cuando con las últimas reformas hay una mejor tutela de los derechos, existen deudas y a veces los partidos dejan solas a las mujeres.
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Por su lado, Jessica Maryan Durán señaló la necesidad de analizar que aún cuando se han dictado medidas no se ha verificado que se ejecuten desde un punto de vista de justicia restaurativa que ponga en el centro la voz de la persona que fue victimizada, pues así como el sistema penal pasó de inquisitivo a restaurativo, la justicia electoral también debe ser restaurativa.
Advirtió que derecho legislado no es igual a derecho ejercido y, al igual que otras participantes, consideró gravísimo que un alto empresario violente a una senadora en redes sociales sin consecuencias.
