Toluca, México.- Al sostener que elactual secretario de Movilidad, Edmundo Ranero, ha caído enomisión porque no ha hecho nada para frenar los aumentosinjustificados en las tarifas del transporte público pese a quela gente se ha quejado, perredistas realizaron una campañainformativa para pedir a la gente que no pague 10, sino ocho pesosen los autobuses.
En conferencia de prensa reprocharonque el decálogo firmado por los transportistas,como compromisos para que el gobierno aumentara la tarifa en elaño 2015 no se han cumplido en ninguno de suspuntos, pues los camiones no colocaron cámaras deseguridad, ni GPS, ni tienen seguros; en tanto que muchosoperadores no están capacitados.
Denunciaron que las empresassubieron las cuotas a los operadores hasta en 50 porciento; al tiempo de reiterar que el aumento en eltransporte público es ilegal y acusaron al nuevo titular deMovilidad de no hacer nada para poner orden, aun cuando hay un caosen su área.
El regidor Gabriel Medina, elsenador Luis Sánchez y Cristina Sierra, dirigente municipal delPRD en Toluca, repartieron volantes donde dan a conocer losderechos de los pasajeros, pero también los de los choferes yseñalaron que el alza es generalizada en todo el Estado deMéxico.
Medina refirió que el exsecretario de Movilidad, Isidro Pastor, dejó varios pendientes enla secretaría, entre ellos: el comité que debíaintegrarse para realizar estudios, un registro estatal quepermitiera conocer cuántas unidades son legales y cuántaspiratas; un programa estatal, a través del cual se definierandirectrices y un observatorio. Todas, son exigencias de la nuevaLey de Movilidad.
Incluso, aseguró, en lacapital mexiquense el transporte debería cobrar unos cinco pesospor las distancias que se recorren, que no son muygrandes, y advirtió que los ciudadanos son víctimas de abusos,pero también los operadores, porque las empresas los obligan acobrar más y nadie pone orden.
El senador, Luis SánchezJiménez reprochó que el servicio del transporte es uncaos, pues existe anarquía, las unidades no son seguras,hay chóferes no capacitados, pero sí explotados y el másperjudicado es el usuario. Además, advirtió que si la autoridadno hace nada es porque debe haber un contubernio.
Criticó que aun cuando se habla decasi 225 mil concesiones, la secretaría de Movilidad no tiene unnúmero exacto, ni sabe cuántas pirata hay; por lo cual eltransporte en la entidad es un desastre y unavergüenza.
“La autoridad nose da cuenta, entiendo que se va Isidro, llega alguien que no sabenada, pero alguien le debió decir que los transportistas estáncobrando más, pero los están dejando, no les están diciendo nadaal parecer a cambio de favores políticos de dinero, de “unamochada” (…) esto tiene tintes de corrupción y por supuestoque son favores que se cobran electoralmente”,advirtió.