Toluca, México.- El 28 de abril la Legislatura local avaló las reformas planteadas por el Ejecutivo mexiquense para agilizar los procesos de adopción, e incluir el término de familia ampliada, a fin de que personas cercanas, aun sin parentesco, pero con un vínculo afectivo, puedan acoger a los menores, con el fin de reintegrarlos a entornos seguros, garantizarles una convivencia familiar y evitar que los menores permanezcan en albergues por largos periodos.
De acuerdo con el diputado del PAN, Iván Ayala aun cuando al principio había resistencia a avalar ese ajuste, el DIFEM les informó que existe un alto número de menores que son abandonados, sobre todo por madres adolescentes en diferentes regiones de la entidad; por lo cual buscan facilitar adopciones y su integración a una familia, pero con controles fuertes para evitar riesgos hacia los menores. “Se trató de hacer una ley más real”, resumió.
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También advirtió que eso abonará a diminuir gastos, pues hay pocos en el gobierno mexiquense, al tiempo de regular con mayor dureza a los centros de asistencia privados; por lo cual vendrán reformas complementarias par atender ese último tema.
El paquete de reformas incuye que en el Código de Procedimientos Civiles se instaure un juicio sumario de conclusión de la patria potestad para dar celeridad al procedimiento de conclusión de esa potestad cuando niñas, niños o adolescentes se encuentren en albergues y hayan sido abandonados por sus familiares, sin causa justificada por más de dos meses en instituciones públicas y privadas.
El diputado local resaltó que eso ayudará a evitar la burocracia judicial y a que el proceso que antes duraba de 6 o 9 meses sea más rápido para que los menores no pasen tanto tiempo en albergues o centros de asistencia.
Esa reforma permite disminuir los tiempos procesales y ayudará a que los menores tengan una situación jurídica resuelta y la posibilidad de ser adoptados, pues existen estudios, en torno a que por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución pierde un mes de desarrollo; por lo cual buscan limitarlo a casos excepcionales.
Con los ajustes se integra un sistema estatal de protección integral de niñas, niños, adolescentes con la participación de la Secretaría de Justicia, se ajustan los requisitos para ser titular de las procuradurías de protección de menores, a fin de garantizar que sean especialistas y se pretende fortalecer la atención de los centros de asistencia social.
Una de las novedades es el término de familia ampliada para incluir a personas que sin tener parentesco, cuenten con un vínculo afectivo o puedan ser significativas para el desarrollo de los menores y en algún momento puedan hacerse cargo de ellos; simplificar el proceso de adopción y precisar los requisitos para ocupar el cargo de procurador de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el fin de profesionalizarlo.
Ahora hay mayores requisitos para quien desee ser nombrado titular de las procuradurías de Protección Estatal o Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; ser mayor de 30 años de edad; contar con título profesional de licenciado en Derecho o equivalente y con experiencia mínima de cinco años en temas de derechos de la niñez, adolescencia y familia, entre otros.
Datos:
Restituyen el derecho de los menores a vivir en familia
Evita que los albergados en centros de asistencia social permanezcan por largos periodos en esos centros
Acorta los tiempos de ejecución de procedimientos sumarios para la conclusión de la patria potestad hasta en una tercera parte
Garantizan una efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al dotar al DIFEM de facultades para supervisar los centros de asistencia social.
