Toluca, México.-Ninguno de los alcaldes, ni servidores públicos como síndicos y tesoreros que terminaron su gestión el 31 de diciembre del 2018 están libres de responsabilidades hasta que las contralorías municipales y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) determinen que no tienen pendientes.
Todos los gobiernos salientes debieron dejar cuentas claras, registros y pagos a proveedores y contratistas, la lista actualizada de los laudos laborales, de deudas y compromisos adquiridos; así como de los bienes del ayuntamiento, los cargos en cada área, o podrían incurrir en responsabilidades.
De acuerdo con los lineamientos de entrega recepción de los ayuntamientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) las autoridades pueden requerir al servidor público saliente aclaraciones o precisiones en torno a la administración municipal hasta 180 días hábiles después de su salida.
El auditor superior del Estado de México, Fernando Baz Ferreira alertó desde el año pasado a los nuevos gobiernos que todas las deudas institucionales debían cubrirse, y a los salientes, que las obligaciones a corto plazo debían quedar pagadas desde octubre del año pasado.
Los pagos por vencer al terminar el año debieron ser pagados, pues si no lo hicieron y se generaron recargos la responsabilidad es de los anteriores ediles y servidores públicos.
Por su lado, los nuevos gobiernos deben tener claridad de los laudo laborales y judiciales, el proceso en que se encuentran, a fin evitar problemas y responsabilidades administrativas.
El auditor superior advirtió que si las nuevas administraciones detectan pasivos no registrados eso no elimina la obligación de hacerse responsables de esos pagos, pues la responsabilidad de los pasivos no es personal; sino institucional.
Nadie está libre de responsabilidades
Fernando Baz precisó que las posibles responsabilidades administrativas por actos u omisiones de los servidores públicos salientes no concluyen con la entrega, pues de encontrar irregularidades, las autoridades pueden iniciar procedimientos y solicitar aclaraciones.
El plazo para solicitar aclaraciones o precisiones derivadas del acto de entrega-recepción podrá ampliarse hasta 180 días hábiles, si así lo determina el contralor interno, el síndico o el primer síndico municipal.
Las observaciones derivadas de la revisión y verificación física de los documentos se harán del conocimiento por escrito al contralor interno, al síndico o al primer síndico municipal.
Hasta hora, municipios como Naucalpan ya han señalado, a través de redes sociales que encontraron oficinas desmanteladas, maltratadas, sin mobiliario y pocos muebles, pero los que hay están en mal estado. También falta equipo y hasta cables y focos. El resto han anunciado que realizan una revisión.
