Luego de atribuir la corrupción que impera en el servicio público de pasajeros a los municipios mexiquenses, Diana Bobadilla Martínez, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), aseguró que el 40% del transporte estatal es ilegal.
Durante su participación en el seminario: "Retos y perspectivas para la Administración Pública en la entidad", sostuvo que se trata de un tema preocupante porque la misma delincuencia organizada se encuentra al interior del transporte público.
“De los taxis y los camiones públicos que circulan por el Estado de México, el 40% es ilegal, debido a cuestiones tan básicas como el desempeño que tienen los ayuntamientos, por lo que estamos hablando de una situación preocupante para la ciudadanía”, aseveró.
Derivado de lo anterior, la especialista lamentó que en los temas del transporte público y la Movilidad se tenga la injerencia el crimen organizado, y muestra de ello es que han existido amenazas directas por parte de delincuentes cuando alguna persona al interior de este sector intenta hacer cambios positivos.
“Se trata de un tema que conlleva muchos aspectos, porque es real que también el crimen organizado se encuentra dentro del mismo transporte público, porque lo hemos vivido y visto; además nos hemos percatado como existen las amenazas de muerte directamente hacia las personas que desean hacer algunos cambios ahí”, señaló.
Ante dicho panorama, la también integrante de “the climate reality proyect”, consideró que existen grandes retos en el tema de Movilidad para la siguiente gestión estatal.
Mientras que para otros especialistas, la poca o nula inversión en transporte público es una muestra clara de que este tema no representa una prioridad para muchos gobiernos, lo cual explica por qué no existen unidades suficientes o el deterioro es evidente.
Por ende, pidió tomar en consideración que las personas usuarias del transporte público tienen diferentes necesidades, ya sea porque presentan alguna discapacidad o son adultas mayores, pero las unidades no cuentan con la infraestructura necesaria para estos sectores sociales.
