El activista y representante de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), Humbertus Pérez Espinoza anticipó que ganarán dos amparos a la Legislatura mexiquense por las opiniones desfavorables a solicitudes de amnistía que hicieron, pese a contar con todos los requisitos y acreditar las hipótesis previstas en la ley.
Afirmó que ni la Comisión de Amnistía, ni la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la Legislatura mexiquense contestaron, en el primer plazo, al Juzgado de Distrito las acusaciones de presuntas omisiones y fallas en los procedimientos para responder a solicitudes de amnistía.
En el amparo 963/2022, refirió, el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Naucalpan determinó que presume por cierto el acto reclamado, ante la falta del informe justificado; por lo cual dio tres días al Congreso para que presentaran todas y cada una de las pruebas que aceptaría por no contestar.
Entre otras cosas, señaló, la comisión deberá mostrar que no les presentaron de manera electrónica sus solicitudes, ni la base de datos, explicar el hecho de que no expidieron los lineamientos y no definieron el caso relevante.
Pérez Espinoza consideró que con su falta de respuesta la Legislatura da por ciertos los argumentos de Presunción de Inocencia, en torno a cuestiones como que no existe investigación, se sentencia solo con testimoniales y se fabrican delitos.
El presidente de la comisión, el petista Sergio García Sosa, dijo, fue omiso y la secretaría técnica anterior prácticamente "mutiló" sus solicitudes y perdió otras.
Humbertus Pérez señaló que tienen otro amparo y ambos fueron contestados por la Comisión de Derechos Humanos, pero no por la comisión legislativa. La titular de ese órgano, dijo, nombró delegados para defender a la CODHEM y se presentaron 25 tomos anexos de prueba.
Afirmó que tiene grandes posibilidades de ganar y de demostrar que en la entidad existe un desprecio a la cultura de los derechos humanos y que la comisión legislativa cometió un grave error al no ser convocada para notificar a sus integrantes que hay dos amparos.
Recordó que la facultad para otorgar amnistía es de la Legislatura local y no del Poder Judicial.
Consideró que se deberán reponer los procedimientos, y turnarse a quien puede dar una opinión y a quien debe otorgar las amnistías, pues no se pueden diferir las responsabilidades.
Reprochó que la comisión legislativa no analizó nada, mientras el Poder Judicial las rechazó "por decreto" y la Comisión de Derechos Humanos dio opinión desfavorable.
PIDH, señaló, ha argumentado violaciones a derechos, detenciones arbitrarias, fallas en el sistema de justicia y delitos fabricados, lo cual, dijo, se dará por cierto por no haber contestado a la autoridad jurisdiccional.
En el informe, señaló, la comisión legislativa también deberá señalar por qué no hizo una revisión minuciosa de las solicitudes de PIDH y por qué las 880 se fueron a los órganos que pueden dar opiniones consultivas, pero el órgano legislativo no hizo un estudio exhaustivo de a qué órgano le correspondía.