El activista e integrante de la organización Presunción de Inocencia, Humberto Pérez Espinoza, absuelto hace unos meses tras haber ganado varios amparos por delitos que se le imputaban, nuevamente está sujeto a proceso por una supuesta apelación que nunca se le notificó.
Cuatro años después de haber sido acusado, detenido y recluido, el activista y defensor de la vivienda, José Humbertus Pérez Espinoza ganó el último proceso penal en su contra. El 29 de enero fue absuelto y quedó en libertad, al no haberse acreditado ningún hecho delictuoso.
El activista demostró su inocencia a cuatro acusaciones por delitos de extorsión y robo con violencia en estos más de cuatro años.
A través de un pronunciamiento, este martes el diputado de Morena, Max Correa denunció que tras la liberación de Pérez Espinoza hubo una supuesta apelación, pero tampoco le corrieron traslado para que pudiera dar contestación a los supuestos agravios y le asignaron un abogado de oficio, en una violación al debido proceso.
"Hoy José Humbertus Pérez Espinoza vuelve a ser noticia de preocupación, pues una persona que fue absuelta por no haber sido encontrada responsable de delitos que no cometió, nuevamente está siendo sujeto a proceso bajo una supuesta resolución de apelación; y decimos supuesta apelación, porque a él nunca le notificaron la interposición de dicho recurso y mucho menos le corrieron traslado de la apelación, a efecto de poder dar contestación a los supuestos agravios de la supuesta víctima.
"Por lo que al llevarse a cabo la audiencia en la que se resolvió esa supuesta apelación, le fue nombrado un abogado de oficio, situación que también es violatoria del proceso ya que su abogada defensora tampoco fue notificada ni de la apelación, ni de la audiencia que la resolvería aquella", explicó.
Max Correa solicitó que el Ejecutivo y el Poder Judicial procuren y administren justicia en apego a los derechos humanos y se dejen de usar las instituciones para fabricar delitos. También pidió dictaminar la Ley de Amnistía.
José Humbertus Pérez Espinoza, explicó, es autor de una de las iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México, en estudio y presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna
A.C., quien denunció a altos ejecutivos de inmobiliarias que en contubernio con autoridades públicas habrían defraudado a personas en la región de Tecámac.
"Luego de que este demandara penalmente a diversas autoridades del gobierno del Estado de México, durante los sexenios de Enrique Peña y Eruviel Avila Villegas, por presunta colusión en fraudes cometidos en diversos fraccionamientos fue detenido el 4 de noviembre del 2015, acusado de tres delitos: empezando por el de robo a casa habitación.
"Y siendo víctima de la fabricación de delitos como represalia por su lucha en defensa a una vivienda digna y decorosa, además de que su esposa y su hijo enfrentan la persecución y existe riesgo de ser detenidos", puntualizó.
Max Correa afirmó que han sido trastocados los derechos fundamentales de Pérez Espinoza, relacionados con el debido proceso, pues lo dejaron en total estado de indefensión y quienes supuestamente admitieron a trámite la mencionada apelación no fueron los mismos magistrados que resolvieron el recurso; pues los cambiaron, bajo una supuesta habilitación de jueces a magistrados; lo cual, advirtió, pone en duda la imparcialidad en la impartición de justicia.
"Esto es así por que en ocasiones anteriores bajo supuestos de cambios de magistrados al momento de resolver un recurso, Humbertus solicitó el amparo y protección de la justicia y la obtuvo, pues en las resoluciones de amparo, ordenaron en su momento que los magistrados que habían conocido de inicio el trámite, deberían ser quienes resolvieran el recurso de apelación".
En casos como el de Humbertus, explicó, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que "la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades recurren, a fin de anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, como puede ser la represión de movimientos sociales, de manifestaciones públicas; el ataque a activistas, a personas defensoras de derechos humanos u opositores políticos como Humbertus Pérez.