Por mayoría de votos la Legislatura mexiquense aprobó la minuta de reforma en materia de Guardia Nacional, con la cual esa fuerza dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo; así como la diputada sin partido votaron a favor, mientras PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD lo hicieron en contra.
La votación fue de 53 votos a favor y 20 en contra.
Además, por unanimidad, todas las bancadas aprobaron la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que entre otras cosas establece que esos pueblos y comunidades tienen derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas cuando puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno y el uso de la tierra libre de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.
Guardia nacional
Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma de la Guardia Nacional, al afirmar que no se trata de una militarización, sino de fortalecer la seguridad, que incluye la profesionalización de los elementos, un mando civil, la coordinación con la Secretaría del Ramo, donde se faculta al Congreso para generar leyes secundarias y garantizar el combate al crimen organizado.
La oposición criticó que la reforma no es el camino, pues se militariza la seguridad, se dará más poder a una institución acusada de negligente, con personal militar y aseguraron que este gobierno ha fracasado en materia de seguridad, pues es el sexenio más sangriento. También criticaron que morenistas anteriormente estaban en contra de la militarización y ahora la defienden.
Octavio Martínez, de Morena, señaló que son doce modificaciones a distintos artículos, donde se precisa que ningún civil será juzgado por tribunales militares. Llamó a leer, a estudiar y dijo a priístas que algunos de sus exgobernadores deberían estar en Almoloya y al PAN le comentó que con Gerardo García Luna en 2010 se hicieron detenciones sin elementos. Dijo que se cumplen 10 años de Ayotzinapa, pero la verdad histórica la coordinó el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Israel Espíndola López, del PVEM, aseguró que con la reforma se busca el fortalecimiento, desarrollo y respeto de los derechos humanos. Dijo que se fortalecerá la estrategia de seguridad, se consolidará la permanencia de la Guardia Nacional y se continuará con el combate al crimen organizado. Este, dijo, es el camino para hacer frente al problema de la inseguridad y sostuvo que no votaron por consigna.
Ernesto Santillán, del PT, llamó a que la oposición deje de lado las diferencias, pues la reforma garantizará una mayor seguridad en el país y en el Estado de México. Afirmó que no se trata de una militarización, no habrá daños colaterales y destacó que se brindará una respuesta ante la crisis de seguridad, un sano arreglo al problema de limitación de policías locales, se controlará la corrupción, habrá mayor capacidad para combatir el narcotráfico y se facilitará la estrategia de seguridad pública.
Eduardo Zarzosa, del PRI, presentó audios de morenistas que se oponían a que la seguridad del país se militarizara y ahora son los primeros defensores de esa medida. Dijo que es muy grave lo que sucede en el estado y en el país, pues al ejército le han dado tareas que no le corresponden y el actual Gobierno es muy popular, pero ha quedado a deber en seguridad. Es, dijo, el sexenio más sangriento, el país está bañado en sangre, en una estrategia que no ha funcionado.
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Llamó a fortalecer a las policías municipales y advirtió que con la reforma se da un paso fallido y recordó que hace unos años el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el militarismo no era la solución.
Anuar Azar Figueroa, del PAN, afirmó que la delincuencia no distingue filiaciones políticas, sostuvo que este gobierno federal ha fracasado en materia de seguridad, recordó que hace unos años interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra una ley que hablaba de militarizar la seguridad y ahora algunos de quienes se opusieron están a favor.
Juan Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, señaló que la estrategia de seguridad no ha dado los resultados que la ciudadanía merece, recordó casos como el de los 43 de Ayotzinapa y advirtió que sigue vivo el reclamo de “vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, pues este gobierno no pudo resolver ese problema. También refirió la matanza de Tlatlaya, y afirmó que esta reforma no es el camino, es como una “Ley Atenco”, donde la seguridad dependerá de un mando militar y señaló que se requiere fortalecer a las policías locales.
Omar Ortega, del PRD, advirtió que la militarización es el último paso a un gobierno autoritario y la reforma es un desacierto, pues no parte de la estrategia de seguridad pública, busca dar más poder a una institución acusada de ser negligente y de realizar prácticas como tortura, con casos que no se han resuelto. Con la reforma, dijo, los delitos se investigarán por el Ministerio Público, la policía y la Guardia Nacional, el personal tendrá origen militar y estará adscrito a la Sedena.
Otros temas
Durante la sesión también se recibió el primer informe de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, la renuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Vicente Guadarrama, remitida por el Presidente del Consejo de La Judicatura.
El pleno de la Legislatura recibió además el primer Informe del Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio, presentado por el coronel Gerardo René Herrera Huízar, director general del Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio.
También se informó de la llegada de Tablas de valor de los municipios de Joquicingo, Villa Victoria, Sultepec, Metepec, Calimaya, Atizapán de Zaragoza, Villa Guerrero y Almoloya de Alquisiras.
