El pleno de la Legislatura mexiquense aprobó la minuta de reformas a la Constitución federal para reconocer el derecho de toda persona a una movilidad con seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
La entidad mexiquense es la tercera en aprobarla, después de Hidalgo y Jalisco y lo hizo minutos antes que la Ciudad de México.
Esas reformas han sido una exigencia de diferentes organizaciones ciudadanas y el primer paso para crear una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que garantice ese derecho al caminar, andar en bicicleta o viajar en el transporte.
Con esos ajustes, se reconoce el derecho humano a la movilidad segura y los municipios estarán facultados para formular, administrar y aprobar la zonificación y programas de desarrollo urbano municipal.
También los planes en materia de movilidad y seguridad vial, y cuando dos o más centros urbanos situados en los municipios formen una continuidad demográfica los tres niveles de gobierno deberán regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo.
Con las reformas se fijarán las bases para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano que establecerá acciones en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial, transporte, tránsito, agua potable, recolección y tratamiento de desechos sólidos, así como de seguridad pública en las ciudades.
El Congreso de La Unión deberá expedir la ley general de movilidad y seguridad vial y armonizar las leyes en materia de asentamientos humanos.
Se requiere la aprobación de 17 entidades para que las reformas sean aprobadas y entren en vigor.
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Jóvenes
El pleno del Congreso local también aprobó reformas para que el Estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social y económico del país y se señala la concurrencia de los tres niveles de gobierno.
La minuta prevé que la ley general en materia de personas jóvenes se expedirá en el plazo de un año después de la publicación del decreto.