El Estado de México tiene lista su política anticorrupción encaminada a cinco ejes: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, fortalecer la interacción con la sociedad, involucrar a la sociedad y promover la ética pública y la integridad. Todas ellas involucran 60 prioridades.
Entre esas, destaca impulsar las denuncias, sancionar actos de corrupción, establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción, un plan de persecución penal y capacitar a servidores públicos.
La nueva política obligará a hacer ajustes e invertir en diversas acciones y prevé el uso de plataformas digitales, alertas ciudadanas, agilizar procedimientos de denuncia y de trámites, vigilar el uso correcto de los recursos, de licitaciones, obras, compras, contratos; así como los programas sociales.
También incluir la priorización de delitos como: lavado de dinero, desvío de recursos públicos, delitos electorales asociados con hechos de corrupción, conflicto de interés y un énfasis especial es impulsar que la ciudadanía se interese, se involucre y participe, e impulsar redes ciudadanas; promover una cultura de la legalidad, la educación sobre valores, acciones de fiscalización y auditoría; además de promover prácticas de gobierno y de parlamento abiertos.
El documento fue aprobado por las instituciones involucradas en el Sistema Anticorrupción estatal, después de realizar un diagnóstico donde las conclusiones fueron una alta desconfianza y la percepción de que existe mucha corrupción e impunidad, y de recabar propuestas.
Además, propone un sistema único sobre políticas sociales con un catálogo de apoyos y un padrón de beneficiarios, y otro sistema de información sobre compras y adquisiciones públicas, que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno y un sistema estatal homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal.
Combatir la impunidad
El primer eje estratégico busca combatir la impunidad con la prevención, detección, denuncia y sanción de faltas administrativas y de delitos por hechos de corrupción, terminar con la impunidad, generar una cultura de la legalidad, acciones de coordinación para formular programas de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno.
También promueve cero papel y priorizar los medios electrónicos, fomentar la confianza en las autoridades, un sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción y alertas ciudadanas, compensar los sueldos de los servidores públicos de jerarquías inferiores, disminuir tiempos de espera, profesionalizar servidores, buscar certificaciones e impulsar sistemas de denuncia ciudadanas accesibles.
Otras acciones son: transparentar hechos de corrupción, evitar sobornos, plataformas digitales transparentes, fortalecer la fiscalización, una mayor incidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), generar estadísticas sobre denuncias de corrupción, fortalecer las capacidades de la Fiscalía Anticorrupción, diseñar un plan de persecución penal, formar agentes, fiscales y peritos especializados, crear unidades de investigación y litigación especializadas en delitos por hechos de corrupción.
Controlar la arbitrariedad
El segundo eje es controlar la arbitrariedad e incluye disminuir los márgenes de discrecionalidad en el servicio público, mediante mecanismos de profesionalización, integridad, control interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales clave al interior de las administraciones públicas.
Incluye difundir mapas de corrupción, establecer protocolos de actuación, cámaras de vigilancia, integrar comités que revisen nombramientos y asignaciones de puestos, un buzón de denuncias para casos de nepotismo, fortalecer las contralorías sociales y los testigos sociales en el control de la corrupción, mecanismos de vigilancia social para las acciones del gobierno, contar con entes fiscalizadores en los ámbitos estatal y municipales.
Fortalecer interacción gobierno sociedad
El tercer eje es fortalecer la interacción del gobierno con la sociedad, con lo cual las autoridades buscarán evitar actos de corrupción en trámites, solicitudes de servicios o pagos, lograr que los trámites sean eficientes, instaurar por parte del gobierno plataformas que reciban opiniones de los ciudadanos, respecto a los programas, trámites y servicios.
También formar a contralores y testigos sociales en la materia de ética, transparentar las prácticas de los servidores públicos, dar acceso a la ciudadanía a la declaración de conflicto de intereses de los servidores, promover la creación de comités de ética y de prevención de conflictos de interés, desarrollar mecanismos para proteger derechos, evaluar y monitorear controles de riesgos de corrupción en adquisiciones, usar la inteligencia de datos y los mecanismos de transparencia.
Otra acción a realizar es integrar un padrón único de beneficiarios de programas sociales, generar y publicar diagnósticos de infraestructura en los diferentes niveles de gobierno para la realización de obra pública.
Involucrar a la sociedad
El cuarto eje es involucrar a la sociedad y tiene como objetivo promover el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de participación, vigilancia y la autorregulación social que incentive e incremente el involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción.
También diseñar sistemas electrónicos para realizar trámites y servicios de atención al público, instrumentar procedimientos ágiles para denuncias y para trámites, además de plataformas digitales, garantizar la seguridad del denunciante y buscar la participación ciudadana.
Ética e integridad
El quinto eje es sobre ética pública e integridad para fortalecer la lucha contra la corrupción desde la prevención, disminuir la opacidad en la relación gobierno-sociedad. Incluye prácticas de cabildeo, un registro nacional de cabilderos, definir el conflicto de interés, políticas de ética e integridad, el costo de no tenerlas y considerar el impacto de la corrupción.
También plantea integrar el padrón de servidores públicos y prestadores particulares que han cometido alteraciones a sus responsabilidades por falta de ética e integridad, crear Consejos Ciudadanos de Ética Pública e Integridad para el buen gobierno, identificar las áreas o acciones de gobierno donde se registre derroche o desvío de recursos públicos, identificar posibles conflictos de interés, incorporar tareas de vigilancia e incidencia ciudadana.
Asimismo, desarrollar un sistema de integridad pública, la creación de redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil y académicas para intercambiar conocimientos y buenas prácticas, plataformas digitales y transparentar las licitaciones.
