La Comisión Electoral de la Legislatura mexiquense aprobó reformas al Código Electoral, con las cuales los procesos electorales en el Estado de México a gobernador, diputados e integrantes de municipios iniciarán en enero, en lugar de septiembre.
El ajuste implicará ahorrar, al menos en la elección del siguiente año, a integrantes de ayuntamientos y diputados locales, unos 70 millones de pesos, pues se quitarán cuatro meses al proceso electoral.
La vicecoordinadora, Karina Labastida, ilustró que si las juntas electorales municipales y distritales se instalaran en el mes de enero se evitaría una erogación para la renta de 170 inmuebles durante dos meses y sueldos de al menos 385 servidores públicos electorales durante un mes que van de 30 mil a 40 mil pesos.
Señaló que mientras en 2014 el presupuesto al IEEM fue de 1, 013 millones, de los cuales, más de 302 millones fueron para los partidos, para 2020 el instituto tiene 1, 257 millones, y de esos, 667 millones son para las fuerzas políticas; con lo cual, en 2014 el instituto tuvo más de 711 millones y seis años después 589 millones.
Recordó que las reformas en materia electoral deben hacerse por lo menos 90 días antes del proceso y con los cambios se racionalizará el gasto, pues no se justifica que en noviembre inicien las juntas electorales, cuando puede ser hasta enero. “Necesitamos ahorrar lo más que se pueda y ser más eficientes”, afirmó.
Pedro Zamudio, consejero presidente del IEEM recordó que a partir de la reforma del 2014 el inicio del proceso electoral se atrasó de enero a septiembre y opinó que la propuesta es prudente y razonable.
Destacó que el Instituto en 2015 devolvió al erario estatal 137 millones, un año después 66 millones, para 2017 fueron 181 mdp y 268 mdp en 2018.
Incluso dijo que lo que hacen las juntas en este año lo pueden hacer ellos, como es atiene el tema de los candidatos independiente, las convocatorias.
De acuerdo con el dictamen, solo en salarios de los vocales el ahorro sería de 13 millones 513 mil pesos mensuales, es decir más de 54 millones por cuatro meses, más lo que dejarán de erogar en los consejos municipales y distritales, en rentas y otros las altivos, por lo cual, podrían ser más de 70 millones.
