Las y los diputados locales aprobaron, en comisiones, reformas al artículo quinto constitucional para establecer que la educación, desde la inicial a la superior, sea obligatoria, universal, pública, gratuita, con enfoque de derechos humanos, además de revalorizar a las y los maestros y señalar la obligación del Estado de mantener la infraestructura educativa en buenas condiciones.
A través de los ajustes propuestos por el morenista Benigno Martínez también impulsan que se echen a andar políticas públicas para ofrecer atención a sectores vulnerables, corregir rezagos y fortalecer el sistema educativo.
Las reformas pretenden garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, señalar que se debe garantizar la educación desde la inicial, básica, media superior y superior; establecer políticas para la inclusión, permanencia y continuidad y proporcionar a la población los medios de acceso, así como impulsar una cultura de la paz y promover valores como la honestidad.
También se puntualiza que la educación promoverá el cuidado del medio ambiente y cumplirán las disposiciones constitucionales, se atenderán los diferentes tipos de educación, impulsarán políticas para abatir el analfabetismo; incluyen a las escuelas regionales, de artes y oficios, de agricultura, de educación indígena, para adultos y consideran las distintas modalidades.
Con los cambios legales, el Estado deberá fomentar el uso de tecnologías de la información y se precisa que las y los docentes son agentes del proceso educativo, se les reconocen derechos como el de profesionalizarse, actualizarse y la obligación de priorizar el interés superior de las y los menores.
Además, se señala la obligación de respetar los derechos, de fomentar el amor a la patria, la cultura de paz, la mejora continua del proceso enseñanza - aprendizaje, el reconocimiento a la figura de la universidad, la atención a todos los tipos de educación, la necesidad de combatir el analfabetismo, fomentar la investigación, el uso de las técnicas de la información y de nuevas tecnologías.
El dictamen incluye el reconocimiento a la labor de las y los maestros y después de los ajustes a la Constitución mexiquense vendrán ajustes a leyes secundarias.
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Reconocen a la Guardia Nacional
Las comisiones de Gobernación y de Seguridad aprobaron reformas planteadas por el Ejecutivo estatal a la Ley de Seguridad para dar certeza jurídica, al incluir el tema de la Guardia Nacional, una realidad legislativa desde marzo del 2019, por lo cual armonizaron la ley, en busca de impulsar la coordinación entre autoridades y lograr una mayor seguridad. Con esto, esperan cambios en los cuerpos policiacos.
Liliana Gollas, presidenta de la comisión legislativa de Seguridad Pública, advirtió que las reformas son necesarias y urgentes para tener un mejor desempeño de las fuerzas policiales.
Sigue análisis electoral
En las comisiones de Gobernación y Electoral diputados de distintas bancadas se pronunciaron por garantizar que no habrá ventajas para quienes busquen la reelección.
Omar Ortega del PRD consideró que podría haber inequidad en la contienda, por lo cual planteó no realizar campañas en horas, ni días hábiles, no usar recursos públicos, ni al personal del ayuntamiento para realizar actos de campaña.
Miguel Sámano del PRI propuso analizar con cuidado el hecho de que no existen distinciones entre los actos del servicio público y los de campaña, a fin de que no se confundan, pues el tema podría generar un sinnúmero de litigios electorales.
Brenda Escamilla del PAN llamó a generar condiciones de igualdad, mientras Maria Luisa Mendoza del PVEM advirtió la necesidad de evitar que se usen recursos públicos y Juan Maccise del PRI pidió revisar que no se generen condiciones de desigualdad.
Valentín González Bautista, autor de la propuesta para regular la elección consecutiva explicó que pretenden adecuar la normatividad a los cambios y transformaciones que se dan y resaltó que la elección consecutiva pretende profesionalizar el trabajo de representantes populares y políticos.
Con los ajustes, explicó, se modificarían la Constitución y el Código Electoral, a fin de que quienes tengan interés de participar en una elección consecutiva opten o no por solicitar licencia, al tiempo de dar certidumbre y confianza a la ciudadanía y garantizar que las y los representantes estarán mejor capacitados y profesionalizados.