Toluca, México.- A principios de este año, para del Sistema Estatal Anticorrupción el reto era lograr el reconocimiento del estado para asignarle presupuesto para poder cumplir su cometido y para ello se presentó un proyecto que ascendió a 177 millones de pesos; sin embargo, más de medio año después, siguen en espera de que la Secretaría de Finanzas defina cuándo y cuánto les depositará.
En febrero de 2018, José Martínez Vilchis, presidente del Consejo Ciudadano Anticorrupción, afirmó que ya se habían dado todos los pasos necesarios, incluso, se designó a Josefina Román Vergara como secretaria técnica del sistema, para cumplir con el requisito de tener un titular que administrara los recursos.
El proyecto de presupuesto incluía la contratación de expertos en informática para diseñar y elaborar una plataforma electrónica donde los mexiquenses pudieran subir sus denuncias y darle seguimiento con independencia de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno; sin embargo, ante la presión de los medios y la sociedad, el gobierno decidió que se utilizara el Sistema Automatizado de Denunciar Mexiquenses (SAIMEX) para este propósito y a través del secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltécatl, garantizó que se mantendrían la secrecía de sus asuntos con claves propias.
Cabe señalar que los integrantes del Consejo Ciudadano Anticorrupción fueron electos en octubre del año pasado y, en el caso de su presidente, José Martínez Vilchis, por un periodo de un año, el cual está por cumplirse sin haber podido avanzar en su cometido, pues incluso, siguen sin oficinas, trabajando en la incomodidad y mal funcionamiento que ofrece una casa habitación rentada para albergarlos temporalmente.
El proyecto de contratar 100 servidores públicos entre abogados, informáticos, politólogos, administradores y contadores especialistas en fiscalización ha quedado en eso: en proyección.
En su momento, Martínez Vilchis reconoció que no es fácil que algún gobierno estatal quiera tener a alguien supervisando sus actividades de manera estrecha, pero confió en que esta batalla por tener los recursos se tendría que librar en los siguientes meses”, pero también aceptó que se necesitaría el apoyo de la sociedad civil para empujar, cada uno en su trinchera, para que el estado aporte los recursos para que el Sistema funcione.
Atribuyó a la urgencia de los legisladores de aprobar la creación del Sistema el no haber previsto etiquetar recursos en el presupuesto 2018 para su operación; además de reconocer que el diseño y puesta en operación de una plataforma digital llevaría más de un año para concretarla y hasta llegó a considerar la posibilidad de aprovechar la experiencia del Infoem, cuya plataforma en materia de transparencia ha recibido diversos reconocimientos, para contar con una que opere el Sistema Estatal Anticorrupción.
