La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna García Morón advirtió que existe un aumento notable de desapariciones de niñas y niños, a partir de los 12 años y de adolescentes y mujeres de 14 a 25 años, además de que el país vive una crisis forense.
Durante la Jornada sobre el Delito de Desaparición en el Estado de México: causas y efectos, organizada por el Poder Judicial mexiquense, señaló que aún cuando las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de 15 a 40 años, de acuerdo con las cifras oficiales hay un aumento notable de ese delito en menores, adolescentes y mujeres. La tendencia, dijo, se agudizó con la pandemia.
También advirtió que existe una crisis forense en México, pues hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar que yacen en fosas comunes, en las instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense, por lo cual queda mucho por hacer.
Refirió que suman casi cien mil víctimas de personas desaparecidas, dados los tres momentos históricos del país, y suelen ser adjudicadas al crimen organizado, mientras las familias que buscan suelen ser víctimas de violencia, estigmatización y represalias.
Señaló que el fenómeno no es nuevo, hay una gran impunidad y también se registra la desaparición de migrantes.
El Comité de Desapariciones de la ONU, dijo, detectó falta de coordinación entre las autoridades, Fiscalías y familias, y que eso repercute en serías deficiencias en las investigaciones y la ausencia generalizada de una estrategia integral, entre otras.
Durante la inauguración, Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal resaltó que en esta administración han realizado más 11 mil 200 planes de búsqueda, 396 mil búsquedas de gabinete y más de 860 búsquedas de campo.
Sostuvo que tienen las instituciones más preparadas y consideró que un tema a reflexionar es la prevención, el tema de familias expulsoras, entre otros. Advirtió la necesidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
El presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi advirtió que el delito de desaparición es complejo y vinculado a trata de personas, por lo cual requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y autoridades; así como revisar los criterios. Ofreció tener las puertas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia.
Señaló que esté miércoles estuvo en la Legislatura, donde presentó una nueva figura para dar voz, en forma obligatoria, a colectivos sociales en asuntos relevantes.
Edith Escalante, consejera de la Judicatura, afirmó que en la jornada analizarán las funciones y facultades de los órganos del Estado que atienden desapariciones, detectar lo que obstaculiza labores de búsqueda, pues los familiares requieren resultados. Revisarán bases de datos, participación ciudadana, delitos y la valoración de la prueba, entre otros temas.
Joaquín Merino Herrera, profesor e investigador del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores ofreció la conferencia magistral "El delito de desaparición de personas" donde admitió que el tema duele, genera incertidumbre en las familias y existe la necesidad de priorizar el derecho a la seguridad de la ciudadanía y la necesidad de homologar criterios, hacer un diagnóstico, llamar a las cosas por su nombre y tomar medidas.
El delito, apuntó, es permanente, cuya consumación se prolonga en el tiempo, con una negativa a señalar dónde está la persona.
La delincuencia organizada, señaló, está vinculada a la desaparición forzada y hay grupos criminales que actúan desde el propio Estado, desafían su hegemonía, estructurados para cometer los delitos más graves.
El delito de desaparición forzada, señaló, es de extrema gravedad, se persigue de oficio, existe la obligación de buscar pruebas, buscar a la víctima y ni por error podría solucionarse por una vía anticipada, pues es particularmente grave, pero no puede estar relacionado con un delito político.
Refirió los supuestos por los cuales puede existir una desaparición, el hecho de que puede iniciar como una detención legal y terminar como desaparición forzada, la modalidad cometida por policías y la de particulares. También enfatizó que ese ilícito es una vulneración a la libertad, a la integridad y al derecho a no ser sometido a tortura.
Recordó que hay una obligación de que quienes realicen detenciones deban poner a la persona de manera inmediata ante la autoridad, pues cuando no es presentada queda desprotegida, sin autoridad, en un limbo y la negativa a proporcionar información sobre ella.
El tema, dijo, es relevante y grave, por lo cual se debe discutir, socializar y requiere la participación de todas y todos para resolverlo, pues desgarra el alma y genera preocupación.
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