La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acompañado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México se reunió con familiares de uno de los trabajadores de las bodegas de pollos desaparecidos.
Hasta el momento no ha sido necesario otorgar medidas de protección, informó la institución de seguridad, sin embargo, aseguran que se mantienen atentos a cualquier solicitud que asegure la integridad de la ciudadanía.
Por su parte, la Fiscalía mexiquense continúa con la investigación para localizar a los cuatro polleros levantados en Toluca y la se mantiene la reserva de datos para no afectar la misma.
Tras los señalamientos de la dueña de las bodegas de pollo, quien dijo le fue eliminada la seguridad, datos preliminares indican que existía un contrato con los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) con pagos de 13,000 pesos mensuales que se dejaron de hacer y en consecuencia le fue retirado el servicio, explicó la Secretaría de Seguridad.
También precisó que, de acuerdo con las políticas generales de contratación de servicios del CUSAEM, se indica que no intervienen instituciones gubernamentales en la remisión de contratos que tienen con particulares.
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