Con el rechazo de las bancadas del Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, la Legislatura local autorizó a los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero a desincorporar y subastar bienes para pagar deudas y laudos que deben cubrir por mandato judicial.
Durante la sesión de este martes el Congreso local también recibió el proyecto de paquete fiscal del 2022 que fue turnado a las comisiones para su análisis.
Las diputadas María Luisa Mendoza del Partido Verde, Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano y Rigoberto Vargas de Nueva Alianza reprocharon que gobiernos anteriores hayan permitido que los adeudos se hayan incrementado hasta prácticamente volverse impagables. En los tres casos hay sentencias que obligan a pagar o vendrían posibles responsabilidades para los gobiernos.
María Luisa Mendoza señaló que aun cuando defienden la autonomía de los municipios, de acuerdo con la Constitución los gobiernos deben administrarse con eficacia, transparencia y honradez y alertó que con las autorizaciones a vender predios para pagar pasivos se podrían abrir puertas a acciones irresponsables.
Refirió que en el caso de San José del Rincón un pagaré por 10 millones que no se pagó hace años generó más de 28 millones de intereses y otros instrumentos que suman más de 38 millones y no hubo ningún beneficio para el ayuntamiento por una mala administración del presidente en turno.
Explicó que no está en contra de que se contraten obras y servicios, sino de que se acostumbren a que como la deuda no les tocaba llegue y pague otro. Recordó que solicitaron en comisiones la comparecencia del alcalde, pero no se hizo; por lo cual pidió una moción para que no se aprobara pero su propuesta no fue aceptada.
Juana Bonillla de MC señaló que en el caso de San Felipe del Progreso se embargó un predio y se obligó a pagar y aun cuando todos los municipios tienen problemas financieros, están en contra de que desincorporen el patrimonio de la ciudadanía, pues desde 2018 existe la obligación de que los síndicos rindan informes trimestrales a los cabildos sobre la situación financiera para que no sucedan este tipo de casos.
En la aprobación de Nicolás Romero, el coordinador de Nueva Alianza Rigoberto Vargas consideró que faltó información para conocer las causas de las desincorporaciones.
Aun cuando respetan el derecho de los municipios a decidir sobre su patrimonio explicó que están en contra de que se conviertan en una oficialía de partes y de que los ayuntamientos sigan acumulando pasivos por un posible mal manejo de juicios laborales.
En este caso, dijo, el adeudo es de 40 millones de pesos y aun cuando la mayoría destaca que se trata de atender el laudo sin afectar el funcionamiento del municipio, no menciona las razones por las cuales el gobierno no tiene recursos, ni por qué fue despedido el trabajador y anunció que presentarán una iniciativa para que no se enajenen bienes para pagar pasivos.
Francisco Santos del PAN señaló que aun cuando tienen razón quienes estaban en contra desde el punto de vista ciudadano, la realidad jurídica es distinta y los adeudos son heredados por otros gobiernos; con lo cual, de no cumplir con los pagos podría haber consecuencias penales para los gobiernos que están acorralados.
Anticipó que Varios municipios como Naucalpan y Cuautitlán Izcalli tendrán laudos por más de mil millones de pesos y su compañero de bancada, Gerardo Lamas Pombo afirmó que Toluca no ha pagado la primera quincena de este mes y piensa deshacerse de algunos bienes, y aun cuando no está a favor, no hay otra opción. Propuso establecer un porcentaje como límite de venta.
Juana Bonilla dijo que el Gobierno estatal no ha liberado todos los recursos del PAD a los municipios.
