Toluca.- Las comisiones legislativas aprobaron reformas que implican elevar las penas en los delitos de robo de mercancía, a transporte público y a transeúntes con más agravantes; crear la Universidad de Seguridad Pública, garantizar la venta de carne y ganado libres de contaminantes y fortalecer al Tribunal de Justicia Administrativa.
También avalaron tipificar el delito de asociación delictuosa y el de pandilla; establecer sanciones a las autoridades que permitan que los elementos de seguridad sigan trabajando, aun cuando hayan reprobado los exámenes de control de confianza y a quienes hagan registros apócrifos o roben información del sistema de seguridad.
Los diputados destacaron que las reformas al código penal son fundamentales porque en dos años se ha incrementado en más del 100 por ciento el robo a transporte, pero también ha incrementado el nivel de violencia y advirtieron que la nueva figura de pandilla en el código asociada a la asociación delictuosa deben ir aparejadas a acciones públicas y al trabajo de todos los ayuntamientos y del Ejecutivo estatal.
Los ajustes también implican un exhorto a los municipios a crear comisiones edilicias en contra de la violencia hacia las mujeres. Las reformas serán aprobadas el próximo jueves en el pleno de la Legislatura local.
Pocos cambios a las iniciativas originales
Juana Bonilla del PRD explicó que hubo algunos cambios a las iniciativas del gobernador y de los diputados locales, entre ellas: incluir en el delito de robo una agravante más para quienes utilicen a niños o discapacitados o interdictos para cometer robos de transporte público y de pasajeros.
En materia de seguridad crearon la Universidad de Seguridad y le quitaron el término Justicia para evitar duplicidades. Además, agregaron requisitos para ser rector al homologarlos con los establecidos por la UAEM.
Advirtió que la reforma que más inquietud causó fue la de nuevos delitos en la comercialización de ganado y carne contaminada, pues hay dudas en torno a cómo acreditar que solo por transportarlos el objetivo sea la comercialización y ajustaron los artículos 201 Bis y 204 porque eran iguales.
Otra reforma fue para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para que sea parte del Sistema Anticorrupción.
Areli Hernández del PAN llamó a que esas reformas no sean letra muerta, se expidan los reglamentos y sostuvo que las reformas dotan a los Ministerios Públicos para actuar en defensa de los ciudadanos
Jacobo Cheja de Movimiento Ciudadano resaltó la necesidad de aumentar las agravantes en los delitos de robo en transporte, sobre todo cuando se perpetren por elementos o ex elementos de seguridad. Mercedes Colín Guadarrama del PRI destacó que con las reformas se refuerza el marco jurídico, pues la Fiscalía General de Justicia ha señalado que los delitos contra el transporte de carga y el público de pasajeros han aumentado en los últimos años, por lo cual era necesario incrementar las penalidades.
Reformas:
Dos nuevos delitos: de asociación delictuosa que se sancionaría con penas de 2 a 6 años y de pandilla, en el cual se plantea aumentar las sanciones hasta en una mitad cuando lo cometan integrantes de ese grupo y hasta en dos terceras partes cuando participen servidores o ex servidores públicos.
El delito de robo a mercancía, transporte y de transeúnte tendrán penas de 9 a 15 años.
Las sanciones serán más altas cuando las cometan servidores, ex servidores, miembros de empresas de seguridad privada o si son contra mujeres o niños.
En caso de reincidencia las penas serían hasta 8 años más altas.
Creación de la Universidad mexiquense de Seguridad.
Sanciones hasta de 4 años de prisión a los servidores que no entreguen información al Secretariado Ejecutivo y de hasta 8 años a quienes pretenden dañar el Sistema estatal de Seguridad, bases de datos, equipos o sistemas, o a quienes divulguen información clasificada y a quienes inscriban en el registro del personal a personas no certificadas, o les entreguen nombramientos ilegales.
La Unidad de Asuntos Internos, la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia y el Centro de Control de Confianza serán organismos descentralizados sectorizados a la Secretaría de Seguridad.
De 1 a 2 años de prisión y de 150 a 200 días multa a quien movilice ganado bovino declarado en cuarentena, o a quien utilice cualquier contaminante referido en la Ley Federal de Sanidad Animal en el ganado.
De 2 a 5 años de prisión y de 300 a 400 días multa si la movilización se realiza con fines de comercialización se le impondrán al sujeto activo.