Si la resolución de embargo al Ayuntamiento de Toluca por la deuda que tiene con la empresa constructora es definitiva, sólo le queda negociar para cumplir con esa obligación y fincar responsabilidades a los servidores que dejaron llegar el asunto hasta este punto.
Rodolfo Duarte Contreras, presidente de la Barra de Abogados del Estado de México (BAEM), recordó que, de acuerdo con el Derecho internacional, los bienes culturales son inembargables porque representan el derecho de los ciudadanos a la cultura y a la identidad de su pueblo.
Se pronunció por aclarar si el Cosmovitral está bajo la administración del gobierno del estado, porque aun cuando éste los ceda al ayuntamiento no dejan de formar parte del patrimonio estatal, sobre todo esta obra que tiene categoría de patrimonio nacional.
Eso le da categoría de bien público, por lo que no puede utilizarse como garantía de pago ni de embargo; sin embargo, acotó, el ayuntamiento tiene otros bienes que son considerados privados y pueden entregarse como pago de la deuda, entre ellos los vehículos que ha adquirido, casas que utiliza como oficinas, bodegas y hasta terrenos.
Duarte Contreras precisó que los abogados de la empresa que pretenden embargar al ayuntamiento deben buscar otras alternativas, porque incluso se pueden embargar los sueldos.
“Ellos (los abogados de la empresa) deben buscar otra alternativas y no irse por el Cosmovitral, yo como abogado particular que he litigado y que sé de los embargos jamás iría por el Cosmovitral, es como querer embargar el Mercado 16 de Septiembre o el Palacio Municipal, es algo fuera de orden”, sostuvo.
El presidente de la BAEM aceptó que señalar al Cosmovitral para el embargo pudo haber sido una “chicana”, que en el argot jurídica es una maniobra que se utiliza a sabiendas de que no es procedente para dilatar los procedimientos y evitar, como en este caso, que se complete el embargo.
Recordó que al procedimiento todavía le faltan etapas por cumplir como el rematar el bien y consideró que la empresa se está yendo por bienes que no le convienen por su carácter público.
Opinó que para cobrar una deuda tan añeja y cuantiosa, la empresa debería sentarse a negociar con el ayuntamiento una salida que le permita recuperar su inversión y, al mismo tiempo, promover la responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que incumplieron o actuaron con negligencia en este caso.