Los mil 500 millones de pesos de deuda que el gobierno del Estado de México solicita dentro del proyecto de paquete fiscal para el 2023 sería destinado a inversión en los sectores de: infraestructura económica, principalmente a conectividad aeroportuaria, infraestructura vial, obra pública, salud, transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de electrificación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Legislatura local prevé la contratación de uno o varios financiamientos, o la emisión de valores y la colocación de estos a través del mercado bursátil, para, asegura, detonar la actividad económica y generar empleos en la entidad, por un plazo máximo de 25 años y con la posibilidad de adquirirlos hasta el 2024.
Junto con la posibilidad de contratar créditos a largo plazo, la iniciativa plantea autorizar al Gobierno del Estado, a través del Ejecutivo, o de la Secretaría de Finanzas, a adquirir instrumentos y obligaciones de pago por plazos menores o mayores a un año.
Estos tendrían el objetivo de mitigar riesgos de tasa de interés relacionados con los financiamientos bancarios o bursátiles que se contraten y de cualquier otro que se haya adquirido en ejercicios fiscales anteriores y forme parte del saldo de la deuda pública estatal.
Además, se plantea que el Estado pueda destinar hasta un 0.15% del monto del o los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación, sin perjuicio de que se pueden constituir con cargo a él o los financiamientos los fondos de reserva.
Los financiamientos bancarios o bursátiles o instrumentos que se contraten y sus fondos de reserva podrán tener como fuente de pago o garantía hasta el 1.125% de las participaciones estatales.
También podrán ser fuente de pago los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
La contratación del o los financiamientos bancarios se podría realizar mediante uno o varios procesos competitivos y licitaciones públicas, a fin de obtener las mejores condiciones de mercado, excepto en financiamientos a través del mercado bursátil.
Todos los financiamientos deberán ser inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda.
La propuesta plantea que se deberá entregar un reporte trimestral de la Secretaría de Finanzas a la Legislatura, señalando los pagos realizados por concepto de financiamiento de inversión pública productiva el porcentaje que representa el monto de la emisión y colocación de valores.
También advierte que la vigencia de la autorización para contratar deuda concluirá el 31 de diciembre del 2024; por lo cual cualquier adquisición de financiamiento, de instrumentos y otra operación que no se realicen en el 2023 podrán celebrarse en el 2024.
En caso de que se contrataran hasta el 2024, el titular del Ejecutivo, que será quien se elija el siguiente año, y la Legislatura deberán incluir en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de ese ejercicio la autorización del monto de endeudamiento y el pago de servicio de financiamientos instrumentos derivados y operaciones contratadas hasta su liquidación.
En la propuesta de reformas al Código Financiero también se propone autorizar al Ejecutivo por sí o a través de la Secretaría de Finanzas o de la de Desarrollo Urbano y Obra suscribir cualquier modificación al fideicomiso 2090 para llevar a cabo la ampliación de la vigencia de las concesiones o contratos de servicios relativos a las plantas tratadoras de aguas residuales Toluca Norte y Toluca oriente.
Para este año la legislatura autorizó el gobierno Estatal a contratar cinco mil 500 millones de pesos para realizar diversas obras de conectividad y otras en municipios.