/ jueves 7 de abril de 2022

Busca Morena incluir en la ley el matrimonio y el concubinato igualitarios para personas del mismo sexo

También que la bisexualidad deje de considerarse impedimento para casarse y causa de nulidad del matrimonio

El grupo parlamentario de Morena propuso reformas al Código Civil del Estado de México, a fin de modificar los conceptos de matrimonio y concubinato e incluir a las personas del mismo sexo y derogar el apartado que señala la bisexualidad como impedimento para casarse y como causa para pedir la nulidad de la unión civil.

La diputada de Morena, Beatriz García Villegas, resaltó la necesidad de reconocer los derechos y libertades para todas las personas, sin importar su sexo, género, preferencias sexuales o cualquier otra, y que se ejerzan con libertad y responsabilidad, sin temor a sufrir discriminación por parte de las autoridades estatales encargadas de celebrar y formalizar la unión de dos personas.

Ernesto Montes de Oca, activista de la organización Fuera del Clóset, coautores de la propuesta, explicó que abrogar la bisexualidad como prohibición para casarse y como causal para contraer matrimonio es porque el texto actual es discriminatorio y absurdo, pues implicaría que la orientación sexual de una persona es suficiente para impedirle ejercer un derecho como el de casarse.

"Es incluso ridículo, porque entonces ¿por qué la heterosexualidad no es causal para no casarse? Estamos criminalizando a las personas bisexuales con ese pequeño apartado en el Código Civil y por ello es importante que en esta iniciativa se derogue, pues es discriminatorio.

"Atenta contra la dignidad de las personas y restringe el derecho de una persona que por ser bisexual se pueda casar. Es ridículo, estigmatizante, criminalizante y despectivo", explicó.

Además, dijo, al señalarse como una causal de nulidad del matrimonio y un impedimento para casarse se compara a la bisexualidad con otras causales como la drogadicción, el alcoholismo y la violencia.

La iniciativa

La propuesta busca reconocer, garantizar y proteger el derecho humano a la formación e integración de una familia, con base en los principios de igualdad y no discriminación y advierte que cualquier norma que imponga un modelo ideal de familia resulta inconstitucional, como el actual artículo 4.1 Bis del Código Civil para el Estado de México.

La iniciativa pretende reconocer y garantizar los derechos fundamentales y sustanciales de la comunidad LGBT+, quienes históricamente han sido víctimas de intolerancia, rechazo, estigmatización, humillación, ofensa y segregación, y excluidas de la mayoría de las normas por severos estereotipos o prejuicios en su contra.

En México, señaló la diputada, las personas de la comunidad LGBT+ enfrentan graves obstáculos para ejercer todo tipo de derechos, son víctimas de estereotipos o prejuicios sociales, de exclusiones u omisiones normativas.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), levantada entre agosto y octubre de 2017, entre el 72% y el 66% de las personas encuestadas estimó que los derechos de las personas transgénero y de los gays o lesbianas, respectivamente, se respetan poco o nada.

Además, un 36% y 32% no estarían dispuestas a rentar una habitación a personas transgénero, ni a gays o lesbianas, respectivamente; tampoco un 40% en el caso de mujeres, y un 46% en el caso de los hombres, respectivamente, estaría de acuerdo en que un hijo o una hija se casara con una persona del mismo sexo. Un 64% consideró que poco o nada justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja.

Además, la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), realizada en 2018 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, concluyó que en la sociedad mexicana existe un ambiente de discriminación, hostilidad, acoso y violencia en contra de las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa y se refleja en discriminación, negación de derechos y diversos niveles de agresión.

Por ello, la propuesta pretende regular el matrimonio y el concubinato igualitario desde una perspectiva de género y de derechos humanos y enfatiza que ha habido varios llamados a la Legislatura local para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad, pues solo faltan seis entidades de normarlo, entre ellas, la mexiquense.

Familia y matrimonio

La diputada señaló que existen diversos tipos de familia, entre ellos, las de uniones homosexuales integradas por dos personas del mismo sexo y las homoparentales, por lo cual el matrimonio no puede seguir conceptualizándose como la unión entre una mujer y un hombre, ni impedirles el acceso al matrimonio, pues implica un trato desigual y discriminatorio, cuando todas las personas deben acceder a los beneficios, entre ellos: los fiscales, de solidaridad, de propiedad, migratorios, para tomar decisiones por cuestiones médicas.

La iniciativa también pretende modificar los alcances de la institución del concubinato, entendiéndola como la unión de hecho entre dos personas que deciden voluntariamente tener una vida común y estable, cuya configuración no amerita una relación de estado ni estar sujeta a la mayoría de las formalidades, obligaciones y deberes que exige el matrimonio, con la finalidad de fundar una familia, sea cual sea su conformación e integración. “La presente iniciativa tiene por objeto primordial establecer, reconfigurar y rediseñar expresamente, de acuerdo con la realidad social que impera en la actualidad y en cumplimiento a lo establecido en la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal de la constitucionalidad, las instituciones del matrimonio y el concubinato”, señala la propuesta.

El grupo parlamentario de Morena propuso reformas al Código Civil del Estado de México, a fin de modificar los conceptos de matrimonio y concubinato e incluir a las personas del mismo sexo y derogar el apartado que señala la bisexualidad como impedimento para casarse y como causa para pedir la nulidad de la unión civil.

La diputada de Morena, Beatriz García Villegas, resaltó la necesidad de reconocer los derechos y libertades para todas las personas, sin importar su sexo, género, preferencias sexuales o cualquier otra, y que se ejerzan con libertad y responsabilidad, sin temor a sufrir discriminación por parte de las autoridades estatales encargadas de celebrar y formalizar la unión de dos personas.

Ernesto Montes de Oca, activista de la organización Fuera del Clóset, coautores de la propuesta, explicó que abrogar la bisexualidad como prohibición para casarse y como causal para contraer matrimonio es porque el texto actual es discriminatorio y absurdo, pues implicaría que la orientación sexual de una persona es suficiente para impedirle ejercer un derecho como el de casarse.

"Es incluso ridículo, porque entonces ¿por qué la heterosexualidad no es causal para no casarse? Estamos criminalizando a las personas bisexuales con ese pequeño apartado en el Código Civil y por ello es importante que en esta iniciativa se derogue, pues es discriminatorio.

"Atenta contra la dignidad de las personas y restringe el derecho de una persona que por ser bisexual se pueda casar. Es ridículo, estigmatizante, criminalizante y despectivo", explicó.

Además, dijo, al señalarse como una causal de nulidad del matrimonio y un impedimento para casarse se compara a la bisexualidad con otras causales como la drogadicción, el alcoholismo y la violencia.

La iniciativa

La propuesta busca reconocer, garantizar y proteger el derecho humano a la formación e integración de una familia, con base en los principios de igualdad y no discriminación y advierte que cualquier norma que imponga un modelo ideal de familia resulta inconstitucional, como el actual artículo 4.1 Bis del Código Civil para el Estado de México.

La iniciativa pretende reconocer y garantizar los derechos fundamentales y sustanciales de la comunidad LGBT+, quienes históricamente han sido víctimas de intolerancia, rechazo, estigmatización, humillación, ofensa y segregación, y excluidas de la mayoría de las normas por severos estereotipos o prejuicios en su contra.

En México, señaló la diputada, las personas de la comunidad LGBT+ enfrentan graves obstáculos para ejercer todo tipo de derechos, son víctimas de estereotipos o prejuicios sociales, de exclusiones u omisiones normativas.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), levantada entre agosto y octubre de 2017, entre el 72% y el 66% de las personas encuestadas estimó que los derechos de las personas transgénero y de los gays o lesbianas, respectivamente, se respetan poco o nada.

Además, un 36% y 32% no estarían dispuestas a rentar una habitación a personas transgénero, ni a gays o lesbianas, respectivamente; tampoco un 40% en el caso de mujeres, y un 46% en el caso de los hombres, respectivamente, estaría de acuerdo en que un hijo o una hija se casara con una persona del mismo sexo. Un 64% consideró que poco o nada justifica que dos personas del mismo sexo vivan como pareja.

Además, la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), realizada en 2018 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, concluyó que en la sociedad mexicana existe un ambiente de discriminación, hostilidad, acoso y violencia en contra de las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa y se refleja en discriminación, negación de derechos y diversos niveles de agresión.

Por ello, la propuesta pretende regular el matrimonio y el concubinato igualitario desde una perspectiva de género y de derechos humanos y enfatiza que ha habido varios llamados a la Legislatura local para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad, pues solo faltan seis entidades de normarlo, entre ellas, la mexiquense.

Familia y matrimonio

La diputada señaló que existen diversos tipos de familia, entre ellos, las de uniones homosexuales integradas por dos personas del mismo sexo y las homoparentales, por lo cual el matrimonio no puede seguir conceptualizándose como la unión entre una mujer y un hombre, ni impedirles el acceso al matrimonio, pues implica un trato desigual y discriminatorio, cuando todas las personas deben acceder a los beneficios, entre ellos: los fiscales, de solidaridad, de propiedad, migratorios, para tomar decisiones por cuestiones médicas.

La iniciativa también pretende modificar los alcances de la institución del concubinato, entendiéndola como la unión de hecho entre dos personas que deciden voluntariamente tener una vida común y estable, cuya configuración no amerita una relación de estado ni estar sujeta a la mayoría de las formalidades, obligaciones y deberes que exige el matrimonio, con la finalidad de fundar una familia, sea cual sea su conformación e integración. “La presente iniciativa tiene por objeto primordial establecer, reconfigurar y rediseñar expresamente, de acuerdo con la realidad social que impera en la actualidad y en cumplimiento a lo establecido en la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal de la constitucionalidad, las instituciones del matrimonio y el concubinato”, señala la propuesta.

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