El grupo parlamentario del PAN propuso reformas a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley del Sistema Anticorrupción para que las o los titulares de las contralorías municipales sean nombrados por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), a fin de garantizar su autonomía y al mismo tiempo, obligar a los municipios a conformar sus sistemas anticorrupción.

La diputada Karla Fiesco García refirió que no se ha logrado la constitución de los 125 sistemas y el último reporte de la Secretaría Ejecutiva y del CPC estatal mostró que en 49 ayuntamientos no había registro de avances, por lo cual ya fueron denunciados a la Contraloría del Congreso local.

En el Estado de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, realizada por el (INEGI), el 57.3% de la población de 18 años y más refirió que la corrupción es el segundo problema más importante de la entidad, solo detrás de la inseguridad.

Además, la encuesta arrojó que para la gente el 91.6% de estos actos es muy frecuente, un porcentaje mayor a la media nacional, y uno de los principales sectores donde consideran que existe corrupción es en el Gobierno estatal con un 83.7% y en los municipales con el 80.4%. Ambos son de los entes que inspiran menos confianza en la población, por lo cual urgió a implementar acciones que den un combate frontal a la corrupción.

La legisladora del PAN precisó que la contraloría municipal es un órgano encargado de fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal; de vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en la ley.

Además, debe hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) las responsabilidades administrativas resarcitorias de las y los servidores públicos municipales; sin embargo el quehacer de quien encabeza la Contraloría, subrayó, se encuentra condicionado desde su designación, pues es propuesta de la o el presidente municipal en turno y pierde independencia desde el inicio de su gestión.

Su propuesta busca que la o el titular de la contraloría municipal deje de ser nombrado por la o el alcalde, a fin de que sea una atribución del CPC, órgano electo por una comisión de selección sin vínculos con la administración del ayuntamiento.

Karla Fiesco explicó que buscan garantizar la autonomía de los entes fiscalizadores para realizar el logro de sus objetivos con imparcialidad, dejando atrás el compromiso de quien los designó.

De esa forma, para tener contralor o contralora sería obligatorio contar con su CPC, o no se podría nombrar.

"Con esta propuesta también se obliga a los municipios a conformar los sistemas municipales anticorrupción para la designación del contralor, debiendo recordar que estos sistemas son un logro en la entidad al ser pioneros e implementarlos en los municipios, un sistema conformado por ciudadanos encargados de vigilar el servicio público y dar una lucha frontal contra este cáncer que es la corrupción", precisó.

Hace unos días el CPC estatal presentó una denuncia ante la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense contra 49 municipios que no han integrado sus sistemas anticorrupción, pues incumplen la ley y atrasan la constitución de los comités de giro.