Las comisiones de Gobernación y de Educación iniciaron el análisis de una nueva Ley de Educación del Estado de México, que busca vincular a estudiantes con ofertas laborales, impartir las materias financiera y digital desde los primeros años, eliminar la brecha de desigualdad, garantizar el acceso a la educación pública y la inversión suficiente para ofrecer educación de calidad.
La propuesta de la comisión legislativa de Educación pretende armonizar la legislación federal y local, privilegiar las necesidades de la ciudadanía, asume que existen rezagos, e indiferencia de quienes no han estado interesados en impulsar la educación y busca garantizar que sea inclusiva y atienda a personas con capacidades diferentes y a pueblos y comunidades indígenas.
El presidente de la Comisión de Educación, Benigno Martínez, señaló la necesidad de atender las escuelas normales, que han estado en el abandono y fortalecer con una formación continua a las y los maestros; ofrecer un sistema de excelencia, e impulsar que las y los docentes dediquen el 80% de la jornada laboral a actividades pedagógicas, reducir las administrativas y eliminar las peticiones que consumen tiempo y generan estrés, sin impacto en el aprendizaje.
Asimismo, urgió a invertir en educación especial y no simular que hay educación inclusiva, cuando ni las condiciones, ni la infraestructura lo permiten, y tampoco hay personal especializado. Esa parte, sostuvo, ha sido abandonada.
El diputado local advirtió la necesidad de que todas las escuelas cuenten con la infraestructura, equipamiento y financiamiento suficiente, atender a la población indígena con una oferta educativa equitativa y de excelencia.
De igual forma, buscar estrategias y alfabetizar a la población adulta en el uso y manejo de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento digital.
La propuesta también señala que desde la educación básica debe iniciar la formación en áreas financiera y digital, por lo cual esas materias deben ser impartidas, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos, apoyar a las y los alumnos y a docentes.
Juliana Felipa Arias, diputada sin partido, señaló la necesidad de dar becas a estudiantes indígenas, programas regionales, educación en lenguas indígenas y consideró que se debe reconocer el derecho de pueblos y comunidades indígenas a establecer y controlar sus sistemas e instituciones, de acuerdo con sus lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
Faustino de la Cruz, de Morena, consideró urgente que se apruebe la norma y se armonice a la federal, mientras Alicia Mercado, de la misma bancada, advirtió la necesidad de garantizar el derecho a la educación; Isanami Paredes Gómez, del PAN, resaltó que la ley debe hacerse realidad.
El presidente de la Comisión de Educación destacó que la Suprema Corte declaró inconstitucional lo establecido en la Ley General en materia indígena y de discapacidad.
El diputado del PRI, Juan Jafett Millán, alertó que las entidades también podrían caer en inconstitucionalidades, por lo cual deben ser muy cuidadosos en expedir la nueva ley; Gabriel Gutiérrez Cureño, de Morena, urgió a aprobar la iniciativa.
Sindicaturas
La Comisión de Legislación y Administración Municipal inició el estudio de la propuesta del diputado de Morena, Faustino Pérez, encaminada a redefinir las funciones de las sindicaturas, ante las reformas del año pasado para disminuir el número de integrantes en los ayuntamientos, pues algunos municipios tenían tres o dos síndicas y síndicos y ahora tienen uno.
Código Civil
La comisión de Procuración de Justicia comenzó el análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3.10 del Código Civil, propuesta por el PT, para que el Registro Civil anote el nombre que presenten las y los padres de familia acordes con las formas orales, funcionales y simbólicas de las lenguas indígenas, pues el nombre debe expresarse, utilizando las lenguas indígenas para protegerlas, junto con la cultura del país.
De acuerdo con el INEGI, en 2020 habitaban más de 415 mil personas mayores de cinco años hablantes de lengua indígena, y la mexiquense es una de las siete entidades con más hablantes, junto con Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las y los diputados reconocieron la necesidad de garantizar que las personas de comunidades indígenas puedan registrar el nombre que soliciten.
