Para garantizar los derechos políticos libres de violencia de las y los mexiquenses durante el próximo periodo de elecciones en la entidad se podría solicitar a los aspirantes que cuenten con un 3 de 3 en materia de violencia de género, además de que el comicio en turno podría ser anulado en caso de que una de las mujeres contendientes sufra violencia política.
Lo anterior luego de que integrantes de las asociaciones Mujeres en Plural, Las Constituyentes Feministas, Nosotras Tenemos Otros Datos, Abogadas Feministas, 50+1 y la asociación de Mujeres Abrazando a México entregaron la iniciativa en materia de paridad de género y de violencia política en contra de las mujeres a la Legislatura local para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la ley de la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México.
En conferencia de prensa para dar a conocer lo anterior, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, explicó que se trata de una propuesta que busca una paridad total y libre de violencia política en el periodo electoral del 2021 en la entidad, por lo que hizo un llamado a los legisladores locales para que aprueben las reformas correspondientes.
Explicó que la intención es la aprobación inmediata a dichas reformas, pues con ello se garantizaría su entrada en vigor a partir del siguiente periodo electoral, pero en caso de no ser así, no desistirán hasta que la propuesta sea adoptada.
Propuesta
La iniciativa en materia de paridad de género y de violencia política en contra de las mujeres contempla el cambio a un lenguaje incluyente en los ordenamientos electorales y leyes, así como en la integración de las candidaturas estatal, municipales y al interior de los organismos públicos.
“Ahora las mujeres vamos a ser visibilizadas en torno a esta reforma y estos ordenamientos. En materia de paridad total esta reforma ahora se refiere a los temas de candidaturas, va a tocar todos los órdenes de gobierno, todos los niveles y todos los poderes, los gabinetes estatal y municipales tendrán que conformarse en términos de paridad, es decir, 50% mujeres y 50% hombres”, aclaró Claudia Castello.
La propuesta, que también incluye la visibilización de periodistas, defensoras de derechos humanos y comunicadoras, contempla la instalación de una defensoría pública en el Instituto Electoral de la entidad, misma que dará apoyo a candidatas o aspirantes, y a todas las mujeres que lo requieran por considerar vulnerados sus derechos en materia de violencia política.
En su oportunidad Enma Obrador Garrido Domínguez, abogada fundadora y directora de la Asociación de Mujeres Abrazando México, expuso que la propuesta de reforma legislativa promueve que quienes aspiren a cargos políticos sean personas preparadas en materia de perspectiva de género comprobable, además de que deberán contar con un 3 de 3 en materia de violencia de género, en el cual se compruebe no ser deudor de pensión alimentaria, no ser acosador sexual ni ser agresor en razones de género.
Tampoco podrían aspirar a esos cargos políticos quienes cuenten con una denuncia o sentencia al respecto por un delito cometido en contra de mujeres.
“Es necesario que los partidos políticos tomen las medidas necesarias para garantizar que quienes sean candidatas y candidatos tengan esta capacitación, esta preparación, esta profesionalización necesaria (perspectiva de género)”, Que sean personas no agresoras, que no hayan cometido ningún tipo de violencia contra mujeres y niñas”, destacó Enma Obrador.
Yndira Sandoval, integrante de la red “Nosotras tenemos otros datos” destacó que el proceso electoral puede ser fortalecido con la participación de las mujeres, siempre y cuando se garantice la igualdad de oportunidades libres de cualquier tipo de violencia.
“Hemos impulsado este proceso en materia de colocar en estos marcos jurídicos y normativos a reformar la posibilidad de garantizar el 3 de 3 contra la violencia, consiste en que pueda ser un requisito de legibilidad para las candidaturas municipales y para las diputaciones locales y para la titularidad de la gubernatura, el no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género, no podrán aspirar a estos cargos quienes cuenten con una sentencia o denuncia al respecto de éstos términos”, agregó Sandoval.