El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) pretende que las autoridades que no paguen a proveedores sean sancionadas, al considerar esa omisión como una obstrucción a la inversión, delito que en el estado de México alcanza penas de hasta diez años de prisión, más la destitución e inhabilitación de sus cargos.
Su propuesta, presentada este jueves ante la Legislatura local, busca hacer obligatorio que los gobiernos municipales transparenten y publiquen sus adeudos y establecer un claro proceso de entrega recepción, donde los compromisos financieros queden debidamente registrados.
Las y los servidores públicos salientes que no pagaran a los proveedores no tendrían derecho a obtener su constancia de no adeudo y estarían obligados a resarcir el daño económico ocasionado a los particulares.
La propuesta surge después de un foro realizado por esa bancada el ocho de noviembre, donde empresarios advirtieron que los actuales ayuntamientos están a punto de irse y tienen adeudos millonarios con empresas a las que les contrataron bienes o servicios, pero no les han pagado y varios han falseado información y no han aceptado sus compromisos.
Ahí se informó que en el estado de México los municipios mexiquenses tienen deudas por más de cuatro mil millones de pesos con proveedores, las cuales afectan a un 90% de las constructoras mexiquenses.
La coordinadora del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón, planteó la necesidad de que el incumplimiento de pagos a particulares sea una falta administrativa grave y un delito para sancionar a la o el servidor público.
El objetivo, explicó, es evitar que las administraciones públicas municipales salientes adeuden pagos a proveedores por la contratación de bienes y servicios, y éstas sean heredadas a los ayuntamientos entrantes.
De acuerdo con la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, previo al inicio del procedimiento adquisitivo, las dependencias y entidades deben contar con suficiencia presupuestal y únicamente pueden tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos cuenten con saldo disponible.
La iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica Municipal, la Ley de los Servidores Públicos, el Código Penal y a Ley de Transparencia.